
El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, fue inhabilitado por tres años por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) debido a irregularidades vinculadas con la fallida construcción de una planta fotovoltaica impulsada por su administración y que estaría a cargo de la empresa Next Energy.
Durante su conferencia mañanera de este martes, la mandataria confirmó la notificación de la sanción y señaló que el exgobernador puede impugnar la resolución, en un caso en el que enfrenta imputaciones por uso ilícito de atribuciones y facultades.
Por su parte, la secretaria de Honestidad y la Función Pública, Gabriela Monge, detalló que la notificación fue recibida este lunes y que se trata de una falta considerada grave: “En efecto, el día de ayer fuimos notificados de esta resolución. Conlleva una sanción grave, por eso lo tenía el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa”.
El proyecto de la planta fotovoltaica impulsado por Bonilla se desarrolló mediante un esquema con la empresa Next Energy, sin contar con el permiso federal requerido. Para financiarlo, la administración estatal constituyó un fideicomiso en el que quedaron retenidos 123 millones de pesos de recursos públicos.
La gobernadora Ávila canceló el contrato en su administración al considerar que se trataba de una negociación “leonina”.
El gobierno de Ávila presentó procesos legales para recuperar el dinero retenido hasta que se le restituyeron 172 millones de pesos, correspondientes al monto original, más rendimientos.
Por las irregularidades del proyecto, varios exfuncionarios del gobierno de Bonilla han sido sancionados administrativamente en los últimos años.
Durante la misma conferencia, Gabriela Monge también respondió sobre la vinculación a proceso ocurrida este lunes del exsecretario de Salud de la administración de Bonilla, Alonso Óscar Pérez Rico.
“Este, en efecto, el día de anoche fue vinculado a proceso este exservidor público”, señaló la funcionaria.
La vinculación se relaciona con las denuncias penales presentadas en mayo de 2023 por el gobierno de Marina del Pilar, que acusan al exsecretario y a siete exfuncionarios más de pagar sobreprecios en medicamentos y realizar adjudicaciones directas irregulares durante 2021, aprovechando un decreto federal por la contingencia de Covid-19 para compras de medicamentos que no correspondían a la pandemia.
Las denuncias incluyeron delitos como ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado.
Monge recordó este día que las denuncias forman parte de un conjunto más amplio presentadas desde el inicio de la administración.
“Hay que recordar que (…) el gobierno del estado interpuso en su momento diversas denuncias de carácter penal por la posible comisión de hechos delictivos, entre ellas son conocidas por ustedes algunas que guardan relación con el sector salud y otras con el sector educativo”, dijo
Con información de: Animal político.