
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que el personal de la Cancillería no puede solicitar a mujeres que se retiren el hiyab o cualquier otra prenda religiosa para tomarles la fotografía para el pasaporte, siempre y cuando sus rostros sean visibles.
Este jueves, el Pleno de la Corte resolvió dos amparos tramitados por mujeres de Chihuahua y la Ciudad de México que no pudieron completar sus trámites para obtener el pasaporte mexicano debido a que se les requirió quitarse el hiyab pese a que dicha prenda únicamente cubre sus cabezas y no el rostro.
Las mujeres indicaron que el uso del hiyab es para ellas una obligación religiosa que les impide descubrir su cabeza en público.
Por ocho votos contra uno, los ministros señalaron que esto vulnera su libertad religiosa y el derecho a no ser discriminadas debido a que ningún artículo del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje establece la prohibición del uso de prendas como el hiyab en la fotografía para el pasaporte.
Los ministros indicaron que el personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) realizó una interpretación rígida del Reglamento al exigirles aparecer con la cabeza descubierta pese a que el hiyab no impide la plena identificación de las quejosas.
Los proyectos fueron presentados por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la ministra Yasmin Esquivel Mossa, quien pidió a sus compañeros analizar el caso con perspectiva de género.
“En este asunto no está en juego solamente el derecho de una mujer a obtener su pasaporte; en este caso la Suprema Corte habla en nombre de todas las mujeres de México, a quienes se nos ha impuesto históricamente una carga adicional a la que tienen los hombres, en todas las facetas de nuestra vida diaria”, señaló.
La Corte concluyó que es posible armonizar la identificación y seguridad previstos en el Reglamento con la protección de la libertad religiosa y que la regla general de la cabeza descubierta debe continuar vigente pero que, de manera excepcional, puede permitirse a las personas que manifiesten estar obligadas a portar una prenda o indumentaria religiosa a hacerlo siempre que esta no impida su adecuada identificación.
En consecuencia, la SCJN amparó a ambas mujeres y ordenó a la Cancillería expedirles el pasaporte permitiéndoles conservar el hiyab en su fotografía.
Aunque los amparos solo benefician a las quejosas, debido a que los proyectos fueron aprobados por 8 votos, la Corte generó jurisprudencia de aplicación obligatoria para todos los tribunales del país.
La única ministra que votó en contra fue Lenia Batres Guadarrama, quien argumentó razones de seguridad nacional.
“De iniciarse la práctica de declarar inconstitucionales normas que se contraponen con la preservación de la seguridad nacional y el orden público de la Nación se llegaría a extremos de permitir la poligamia ante el Registro Civil; los sacrificios de animales por prácticas de santería; el sometimiento de niñas y niños a prácticas religiosas; la mutilación genital que prevén algunas religiones actualmente; la prohibición de transfusiones de sangre, entre otros ejemplos que hoy en día no son compatibles con el orden público mexicano”, advirtió.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf recordó a su compañera que no es posible legitimar disposiciones contrarias al orden público, principalmente porque hay legislación mexicana que prohíbe la existencia de las figuras mencionadas por Batres.
“Es imposible, imposible que en México se apliquen instituciones que son contrarias al orden público. Hay disposición expresa en el Código Civil, son instituciones desconocidas y también están en las convenciones del Derecho Internacional Privado, por eso no tenemos ni bigamia, ni matrimonio múltiple, no tenemos la ablación tampoco en México, o sea, es imposible que las prácticas que se mencionaron en ningún caso se pueden dar y menos aún en este caso.
“Me llama la atención que se diga que por garantizar, como lo acaba de sostener, que se diga que por garantizar el derecho a la libertad religiosa y no discriminación vamos a permitir en México la aplicación de otras instituciones que no es posible y que eso fue lo que sostuvo la ministra Batres”, enfatizó Ortiz.
Con información de: Proceso.