
Un médico de nacionalidad estadounidense, identificado como Alireza P., presentó una denuncia penal por el delito de robo ante autoridades del estado de Chihuahua, luego de descubrir —según consta en la carpeta de investigación— que una menor de dos años, a quien había reconocido y criado como hija, no es su descendiente biológica, hecho que habría sido confirmado mediante dos pruebas de ADN independientes.
De acuerdo con la denuncia presentada, tras conocer los resultados genéticos, el médico decidió poner fin a su relación sentimental con su entonces pareja, Susana N., lo que derivó posteriormente en una serie de hechos que hoy son materia de investigación penal.
Según lo manifestado por el denunciante, al regresar a su domicilio en la ciudad de Chihuahua, encontró que diversos bienes habían sido sustraídos, incluyendo muebles, un refrigerador, lavadora, secadora, joyas y otros objetos de valor, dejando la vivienda prácticamente vacía.
En la denuncia se señala que Susana N., así como sus padres, Knut N. y Ana N., son investigados por las autoridades como probables coautores del delito de robo, sin que hasta el momento exista una resolución judicial que determine su responsabilidad penal.
De acuerdo con información incorporada a la investigación, las personas señaladas presuntamente se encontrarían resguardándose en la colonia LeBaron, dato que forma parte de las líneas de localización y verificación a cargo de las autoridades competentes.
Por otra parte, en el ámbito civil, fuentes cercanas al caso indicaron que el médico analiza la presentación de una demanda civil en contra de las personas mencionadas, derivada del presunto engaño al que habría sido sometido durante la relación, así como del daño psicológico y emocional que asegura haber sufrido.
En dicha acción civil, el denunciante sostiene que el embarazo y la atribución de la paternidad habrían formado parte de un engaño planeado, en el cual la madre de la menor habría participado de manera consciente y coordinada, ocasionándole afectaciones profundas en su esfera personal, emocional y patrimonial.
Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos denunciados en la vía penal, mientras que las posibles acciones civiles se encuentran en etapa de análisis jurídico.