
CULIACÁN, Sin. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió recomendación por el asesinato de las niñas Alexa y Leydi, abatidas en un ataque directo por el Ejército en mayo de este año en la sierra de Badiraguato, ataque que clasificó como uso indebido de la fuerza.
El ataque sufrido por la familia ocurre en el contexto de la guerra que emprendieron facciones rivales del cártel de Sinaloa que se ha extendido a varios municipios del estado.
Esta es la primera recomendación que la CNDH emite por hechos ocurridos durante la administración de Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC (Centro Prodh) advirtió que ésta carece de un análisis más profundo sobre las implicaciones de este caso.
El caso se tornó mediático luego de que en un primer momento el Ejército advirtiera que se trató de una respuesta a una presunta emboscada y luego agregara el dato de que el vehículo donde viajaban las menores en compañía de otros familiares fue blanco del fuego cruzado.
Sin embargo, la misma familia desmintió estos hechos y a la fecha no ha habido una admisión por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre los hechos, desde donde se limitaron a enjuiciar por la vía militar a seis efectivos de la corporación implicados en la ejecución de las menores en Badiraguato.
Adicionalmente, advierten que el organismo no hace un análisis urgente y necesario sobre el rezago en el acceso a la justicia que ha provocado que las investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la República a la fecha no tengan buen cauce.?
El 15 de mayo Proceso publicó la versión de la familia afectada, quienes aseguraron que se trató de una agresión directa, pero no fue hasta noviembre último en que el Ejército confirmó que existen seis militares presos por el ataque.
En este sentido el Centro Prodh advirtió que este caso “pone rostro a los efectos más lesivos y dolorosos de una política de despliegue militar, sin controles efectivos para la rendición de cuentas, en particular en un contexto de debilitamiento de las instituciones que deberían de fungir como contrapesos”.
Señala que también es un reflejo de la necesidad de que desde las más altas autoridades se emita un mensaje claro de que este tipo de hechos, constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, no deben volver a repetirse.
Con información de: Proceso.