
Ciudad de México, 19/01/26 (Más).- El empresario Ricardo Salinas Pliego fue notificado formalmente por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para saldar una deuda fiscal de 51 mil millones de pesos, monto que incluye recargos acumulados tras años de litigio. El requerimiento fue emitido el pasado 9 de enero y, de acuerdo con las autoridades, el plazo para cumplir con la obligación vencía cinco días después.
El SAT ofreció la posibilidad de un ajuste de hasta 39% si el pago se realizaba de manera voluntaria, pero Salinas Pliego optó por otro camino: el 13 de enero presentó una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando persecución política. La CIDH deberá determinar si admite el caso y lo traslada a la Corte correspondiente.
La disputa judicial se intensificó en noviembre pasado, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó en última instancia siete juicios fiscales que mantenía el empresario, algunos desde hace casi dos décadas. Esa resolución cerró la puerta a cualquier recurso legal nacional efectivo, sobre todo después de la reforma impulsada por el Congreso que restringe el uso del amparo para retrasar ejecuciones fiscales.
La nueva legislación, promovida por el gobierno de Claudia Sheinbaum, elimina la posibilidad de declarar prescritos créditos fiscales firmes y limita a un solo recurso final las impugnaciones, justo antes de que se autorice el embargo de bienes.
Desde el Ejecutivo, la instrucción es clara: cerrar el paso a los grandes deudores y evitar más pérdidas en las arcas públicas. La presidenta Sheinbaum afirmó esta semana que, gracias a la fiscalización intensiva, en 2025 se logró un incremento del 4.8% en la recaudación tributaria respecto al año anterior, es decir, aproximadamente 500 mil millones de pesos adicionales, sin necesidad de subir impuestos.
Salinas Pliego, por su parte, ha trasladado su batalla del terreno jurídico al político y mediático. Además de acusar públicamente al gobierno de utilizar su caso con fines políticos en las conferencias matutinas, aseguró haberse reunido con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, para hablar del impacto económico de sus empresas, entre ellas Grupo Elektra, las cuales se encuentran ahora en un entorno de alta incertidumbre.
El empresario ha sido una figura polarizante y visible dentro de la oposición, al punto que el Partido Acción Nacional (PAN) le ha abierto las puertas para postularse como candidato, aunque hasta ahora no ha definido si dará ese paso. Mientras tanto, el gobierno federal mantiene el enfoque en el cumplimiento de la ley. “Esperamos que pague”, declaró Sheinbaum en su conferencia matutina de este jueves.
La disputa no solo representa un pulso entre el Estado y uno de los hombres más ricos del país, sino también un mensaje a otros grandes contribuyentes sobre la nueva política fiscal: ya no hay margen para la evasión prolongada ni escudos legales ilimitados. El desenlace del caso podría marcar un precedente en la relación entre poder económico y autoridad tributaria en México.
Con información de Massinformación.