
En los días recios que corren por nuestra patria y por no pocas naciones hermanas, se advierte un fenómeno que muchos callan por temor o por comodidad: la creciente influencia del protestantismo en el poder civil. No hablo del vecino honrado que, en conciencia errada, ora según su luz; hablo de estructuras ideológicas que, desde púlpitos y plataformas políticas, modelan leyes, educación y moral pública con una visión fragmentada de la verdad cristiana.
El protestantismo nació como ruptura; su principio es la libre interpretación y la autonomía del juicio privado. Tal raíz, llevada al campo político, engendra inevitablemente relativismo práctico. Si cada cual erige su conciencia en tribunal supremo, el Estado termina convertido en árbitro de doctrinas cambiantes, no en custodio del bien común objetivo. Así, lo que ayer fue pecado, hoy se llama derecho; lo que fue ley natural, hoy es mera opinión confesional.
Algunos, seducidos por un ecumenismo mal entendido, sostienen que todas las confesiones adoran al mismo Dios y que, por tanto, da lo mismo quién legisle. Esa ingenuidad, revestida de falsa caridad, es en realidad una abdicación de la inteligencia. La unidad no se edifica sobre la negación de la verdad, sino sobre su íntegra confesión. Cuando el católico acepta que la Iglesia es una opción entre muchas, diluye el depósito recibido y abre la puerta a que el poder civil se emancipe de toda referencia objetiva al orden sobrenatural.
No se trata de avivar odios ni de perseguir a nadie, la caridad es paciente; pero la caridad sin verdad es complicidad. Cuando legisladores formados en doctrinas que niegan la sacramentalidad, la autoridad apostólica y la tradición viva ocupan puestos decisivos, el resultado suele ser una ética pública reducida a moral utilitaria. Se debilita la familia, se trivializa la vida, se privatiza la fe. Y el católico, mientras tanto, se refugia en devociones legítimas pero estériles si no se traducen en acción cívica.
Hemos permitido que la política sea terreno exclusivo de otros, mientras nosotros discutimos sin dar solución a la problemática de la misma. Después nos lamentamos de leyes adversas a la educación cristiana o a la libertad auténtica de la Iglesia. No basta denunciar; es menester formar cuadros, estudiar la Doctrina Social de la Iglesia, participar en la política, asociaciones y cabildos con claridad de principios, y si no, formar un partido verdaderamente católico, ser tradicionalistas sin principios liberales, ni izquierda ni derecha; como enseñó San Pío X: "Los verdaderos amigos del pueblo no son ni revolucionarios ni innovadores, sino tradicionalistas". La neutralidad confesional del Estado, entendida como indiferencia religiosa, no es dogma de fe; es una opción histórica que puede y debe ser repensada a la luz del bien común.
Se nos ha dicho que aspirar a un orden civil que reconozca explícitamente a la Iglesia de Cristo es anacrónico; mas lo verdaderamente arcaico es creer que una sociedad puede prosperar ignorando su fundamento espiritual. Sin verdad sobre Dios, no hay verdad sobre el hombre; y sin verdad sobre el hombre, la ley degenera en instrumento de poder.
Católicos de México y de América: dejar el cómodo espejismo del falso ecumenismo, amar a nuestro prójimo, sí; pero desear para ellos la plenitud de la verdad. Y en la plaza pública, actuar con prudencia y firmeza para que el Reinado Social de Cristo no sea mera consigna piadosa, sino principio rector de nuestras instituciones. Sólo así la fe dejará de ser adorno privado y volverá a ser alma de la vida común como antes de la revolución francesa y su falsa libertad.
Por, Sergio Bolio.