Guerra de Trump contra Irán viola el derecho internacional, afirman expertos

El gobierno de Donald Trump insiste en que Estados Unidos atacó a Irán para frenar "amenazas directas" provenientes de la república islámica, pero expertos sostienen que los peligros citados por Washington no justifican una guerra según el derecho internacional.

Fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron el 28 de febrero una masiva campaña aérea contra Irán, que según Washington busca frenar las amenazas nucleares y de misiles de Teherán.

 

La ofensiva descabezó al gobierno iraní, y Trump exige ahora una "rendición incondicional".

La Casa Blanca detalló esta semana los motivos que, según dijo, justificaron la operación.

"La decisión se basó en un efecto acumulativo de varias amenazas directas que Irán planteaba a Estados Unidos, y en la convicción del presidente, basada en hechos, de que Irán representa una amenaza directa e inminente", declaró el miércoles la portavoz Karoline Leavitt.

Mencionó el patrocinio iraní del "terrorismo", su programa de misiles balísticos y sus supuestos esfuerzos por producir armas nucleares.

Pero Mary Ellen O’Connell, profesora de la Universidad de Notre Dame, afirmó que el ataque a Irán "no tenía ninguna justificación en virtud del derecho internacional".

Recordó que la ley exige resolver disputas internacionales por medios pacíficos, como negociación o mediación, y subrayó que la Carta de la ONU solo permite el uso de la fuerza ante pruebas claras de un ataque en curso.

"No se ha presentado ni una pizca de esa evidencia. Tampoco existe ningún derecho a iniciar una guerra por un programa de armamento", afirmó.

"Aún menos verosímil"

Mientras Leavitt aludía a amenazas de misiles y milicias, el secretario de Estado, Marco Rubio, ofreció a comienzos de semana otra explicación: el temor de que un ataque israelí contra Irán desencadenara represalias contra tropas estadounidenses.

Brian Finucane, asesor del International Crisis Group, señaló inconsistencias en ese argumento, entre ellas que la administración ha ofrecido versiones distintas a lo largo de los días.

Además, sostuvo que Washington podría haber disuadido a Israel gracias a la "crucial" influencia que ejerce su apoyo militar.

La guerra contra Irán se suma a otras intervenciones de dudosa legalidad del gobierno de Trump.

A principios de septiembre, Estados Unidos comenzó a atacar supuestas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe y luego en el Pacífico oriental, en operaciones que dejan ya más de 150 muertos.

Hasta ahora, Washington no ha presentado pruebas concluyentes de que las lanchas estuvieran vinculadas al tráfico de drogas, y organizaciones de derechos humanos sostienen que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

Trump también ordenó el año pasado bombardeos contra sitios nucleares iraníes y envió fuerzas a Caracas en enero para capturar al mandatario venezolano Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

Para Finucane, la exigencia el viernes de Trump de una "rendición incondicional" por parte de Irán "socava aún más" los argumentos legales de Washington.

"El gobierno ni siquiera ha intentado argumentar que la Operación Furia Épica cumple con el derecho internacional, y declaraciones como esta hacen que cualquier justificación resulte aún menos verosímil", concluyó.

 

 

 

Con información de: El economista.

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III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;

IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;

V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.

VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.

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