Congreso de Chihuahua tipifica como delito las llamadas falsas al 9-1-1
El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una reforma para tipificar como delito en el Código Penal las llamadas falsas o de broma al número de emergencias 9-1-1, iniciativa presentada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, ante la Comisión de Seguridad y Protección Civil.
La medida busca combatir el uso irresponsable de la línea de emergencias, el cual representa un riesgo para la seguridad pública al distraer recursos destinados a atender incidentes reales
Durante 2025 el 9-1-1 en Chihuahua recibió 2, 454, 268 llamadas, de las cuales 65.30 por ciento fueron improcedentes.
La Diputada Nancy Frías, presidenta de la Comisión Seguridad Pública y Protección Civil, señaló que cada llamada falsa ocupa líneas y recursos de emergencia, lo que puede retrasar la atención de incidentes legítimos.
Los operadores del 9-1-1 deben tratar cada reporte como real hasta comprobar lo contrario, lo que puede implicar la movilización de ambulancias, patrullas, bomberos o cuerpos de rescate, dejando otras zonas momentáneamente sin cobertura.
Con la reforma se adiciona el Artículo 307 Bis al Código Penal del Estado de Chihuahua, el cual establece que quien realice de manera dolosa una llamada falsa de emergencia o comunique un aviso inexistente que implique la movilización de servicios de seguridad, emergencia médica, protección civil o rescate, podrá recibir una pena de seis a doce meses de prisión, además de una multa de 100 a 400 UMAs.
La legislación también contempla que las sanciones aumenten hasta en una mitad de la pena de prisión y hasta en una tercera parte de la multa cuando la llamada falsa provoque movilización efectiva de corporaciones o cause daños, lesiones o perjuicios. Asimismo, el juez podrá considerar factores como la reincidencia, el número de reportes falsos y la magnitud de los recursos movilizados.
La reforma precisa que cuando la llamada falsa sea consecuencia de un error de apreciación sin intención maliciosa, se aplicarán las disposiciones previstas en el Código Penal sobre excluyentes de delito.
Con esta medida, se busca fortalecer la responsabilidad en el uso del número de emergencias y garantizar una atención oportuna a quienes realmente lo necesitan.
Tips al momento
Señalan irregularidades en investigación de la muerte de agentes estadounidenses
Trascendió que tras el trágico suceso del pasado domingo en donde dos agentes estadounidenses fallecieron, pobladores de Polanco señalaron que las periciales de dicho accidente no se llevaron a cabo y qué únicamente subieron los cuerpos rápidamente por la pendiente del barranco antes que llegaran las demás autoridades.
Esto dejó aún más cuestionamientos, pues el director y los agentes, a quien ya señalaron medios estadounidenses como personal de la CIA, viajaban en una unidad NO blindada y en una zona de alto riesgo después de un importante operativo en el que se desmanteló uno de los más grandes laboratorios de drogas sintéticas incluso a nivel nacional, afectando claramente los intereses de grupos criminales con presencia fuerte en dicha zona.
Por si fuera poco, se señala a el director Oseguera Cervantes como un testigo protegido y se reitera que los elementos no eran capacitadores, sino que colaboraban con las autoridades chihuahuenses en operativos de Ojinaga y otras zonas, en donde incluso portaban armas de la FGE.
La camioneta Ford F-150 estalló debido a que llevaban bidones con gasolina, por lo que los cuerpos quedaron parcialmente calcinados, además se comentó que luego de esto se comenzó a buscar exhaustivamente equipo de los norteamericanos, sin precisar de qué se trataba.
Las contradicciones y el conflicto diplomático por los agentes de EU
A través de la columna Estrictamente Personal de Raymundo Riva Palacio, se señala que el fatal accidente carretero en donde murieron dos agentes estatales y dos de la embajada de Estados Unidos en Chihuahua, ha escalado hasta convertirse en un potencial conflicto diplomático y una crisis de seguridad nacional.
El accidente ocurrido en la zona que conecta los municipios de Guachochi y Morelos, dejó al descubierto la operación de agentes estadounidenses en territorio mexicano sin el conocimiento del Gobierno Federal.
El Fiscal César Jáuregui sostuvo que los fallecidos eran instructores que capacitaban a las fuerzas estatales en el uso de drones y tácticas de vigilancia, sin embargo, la capacitación en tecnología de drones no recae en la DEA, sino en el Ejército o la CIA.
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