A un año del accidente en Axe Ceremonia, denuncian prácticas para retrasar audiencia por la muerte de Berenice y Miguel

A casi un año de la muerte de Miguel Rojas Hernández ocurrida durante el festival Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario, familiares del fotógrafo acusaron que empresas vinculadas al evento han frenado el avance del caso e insistieron en que persisten prácticas que han impedido que la audiencia inicial se lleve a cabo, pese a que ya hay tres compañías y ocho personas físicas imputadas por la fiscalía de la Ciudad de México.

En estos hechos, ocurridos el 5 de abril de 2025, también murió Berenice Giles, fotógrafa que al igual que Miguel colaboraba en el medio independiente Mr. Indie. El incidente ocurrió cuando una estructura decorativa sostenida por una grúa cayó sobre ambos debido a los fuertes vientos.

Familia denuncia obstáculos y presiones externas

En conferencia de prensa llevada a cabo este martes, Diana Laura Rojas Hernández, hermana de Miguel, junto con los representantes legales de la familia, acusó que el proceso por su muerte ha enfrentado obstáculos externos.

Señaló que “hay poderes económicos de las empresas que en lugar de ayudarnos a esclarecer lo que pasó este día, han impedido de todas las formas posibles frenar el proceso y evitar que se lleven ante un juez a las personas que son responsables”.

Tres empresas y ocho personas están imputadas

El equipo jurídico que acompaña a la familia de Miguel explicó que la investigación inicial solo buscaba responsabilidades en niveles operativos, por lo que el equipo jurídico impulsó líneas dirigidas a quienes tomaron decisiones.

Detalló que actualmente son tres las empresas imputadas —Operadora Eclectic, la Agencia de los Socios y ON Producciones Creativas— y ocho las personas físicas, entre accionistas, apoderados legales, administradores y personal operativo.

En cuanto a las personas físicas, se explicó que reservaron sus nombres completos pero detallaron su perfil. “Tenemos primero y segundo, dos personas que forman parte de Operadora Eclectic. El número tres y cuatro, Martín y María, son personas que forman parte de la agencia de los socios. Tenemos a Natalia, Rodrigo y Pedro que forman parte de producciones creativas. Y por último tenemos a María del Pilar. ¿Quién es María del Pilar? Bueno, es la encargada de responder a la protección civil del evento. Es la oficial de protección civil. Entonces tenemos siete personas físicas y tenemos a María del Pilar con la que dan ocho”.

“Estas personas, por no no queremos individualizar en este momento, pero son accionistas apoderados legales, administradores y tenemos únicamente a un operador, que es digamos el eslabón más bajo”, aclararon.

Expuso la postura de Operadora Eclectic y de su empresa matriz, que han sostenido que solo prestaron el parque y no tienen responsabilidad penal, así como escritos ingresados en 2025 para respaldar esa posición. Consideró que esta estrategia busca “minimizar su actuar dentro del proceso”.

Señalan posibles coincidencias y presunta coordinación

El equipo jurídico también señaló presuntas coincidencias entre los escritos de la defensa de Operadora Eclectic y los de un asesor de la familia de Berenice Giles, identificado como Gerardo Guzmán Jiménez, quien sería además servidor público en activo de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México.

Afirmaron que los documentos, amparos y recursos presentados en fechas y horarios similares podrían evidenciar coordinación.

En cuanto a Guzmán Jiménez, apuntaron: “Nosotros lo manifestamos previamente de manera pública, hicimos un llamado a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, llamado que reiteramos en esta conferencia de prensa para que ella y también el director de la Secretaría de Gestión Integral del Agua manifiesten una postura, ¿qué interés tiene el gobierno de la Ciudad de México? ¿Qué interés tiene la Secretaría de Aguas en este caso, para que un servidor público en funciones esté llevando también la representación legal de una de las víctimas?”.

Los abogados mostraron ejemplos de esas coincidencias y sostuvieron que las estrategias paralelas han contribuido al retraso de la audiencia inicial. “Lo que se observa es un patrón claro: argumentos similares, actuaciones en paralelo y un mismo objetivo procesal”, afirmaron.

Proponen ley para proteger el trabajo periodístico

Como parte de la conferencia, los abogados presentaron una propuesta legislativa denominada “Ley para la Protección del Trabajo Periodístico”, que plantea seguros obligatorios, protocolos de seguridad específicos y responsabilidades claras para organizadores y empresas en eventos con cobertura de prensa.

Aclararon que la ley buscará llenar vacíos legales y que se trabajará también en reformas a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y a la Ley de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México.

En la ronda de preguntas, al ser cuestionados sobre el contacto con la familia Giles, los representantes de la familia de Miguel respondieron: “Nosotros desde un inicio tuvimos comunicación con la familia. Tratamos de ser muy respetuosos con la familia. Eso es lo más importante porque ambas familias están pasando por un duelo fuertísimo. Lo que estamos cuestionando y lo que estamos poniendo sobre la mesa del debate son los intereses de las empresas que se tratan de inmiscuir en la representación de las víctimas”.

Sobre la respuesta de la familia Giles o su representación ante la denuncia, los abogados indicaron: “No han dado una respuesta. El punto de debate son las empresas. Es las empresas que terminan por inmiscuirse en los intereses particulares de las familias. Eso es indignante. Que una empresa intente controlar la asesoría jurídica de una de las familias de las víctimas es indignante. Y por supuesto nosotros lo hemos hecho público y la fiscalía ya tiene conocimiento de esta situación. Deben de saber que este tipo de conductas además de ser reprobables por parte de las empresas es un problema. Y en la Ciudad de México representar dos intereses al mismo tiempo en un litigio que son intereses contrapuestos, es un delito”.

En cuanto a la situación procesal de las empresas OCESA y Lobo, se explicó que no están imputadas, sino en calidad de investigadas. “Miren, aquí es muy importante comentar que la calidad de investigados son aquellas empresas en las que todavía hay que deslindar a ver si tienen algún tipo de responsabilidad. Insisto, esta diferencia entre investigados e imputados es muy importante, porque se ha tratado de construir en los medios de comunicación una narrativa que no necesariamente sea la cierta. Narrativa que nosotros hemos dicho puede ser atribuible a una de las empresas que hemos visto como ha tratado de impedir que avance este proceso”, señaló el abogado Ana.

Respecto a la posibilidad de que la audiencia inicial se siga postergando, los abogados se mostraron confiados en que se realizará pronto. “Debemos de decir que el panorama que vemos nosotros es que inevitablemente realmente se va a llevar a cabo la audiencia inicial en los próximos meses. Todas las autoridades han visto ya esta práctica y esta coincidencia. Teníamos programada, nosotros incluso publicitamos que la audiencia inicial se iba a llevar a cabo el 6 de marzo de 2026. Y curiosamente se presentaron tres amparos, se presentaron dos recursos y una recusación en coincidencia igual y similar de tiempos con la única finalidad de evitar que se celebrara esa audiencia. La ley prevé que tiene que resolver, al menos, la recusación antes de que se celebre la audiencia inicial. Estos recursos se resuelven rápido. No van a poder parar la audiencia inicial, es inevitable”, afirmaron.

En cuanto a la posibilidad de una reparación del daño, el equipo legal indicó que es un derecho irrenunciable, pero que va más allá de lo económico. “Sí, de hecho, es un tema que nosotros hemos platicado con la familia, por supuesto les hemos explicado que la reparación integral es un derecho irrenunciable. Forzosamente se tiene que dar una reparación del daño. Pero la reparación del daño, ¿cómo ve la reparación del daño en la familia de Miguel? No solamente en un tema económico. Es parte de la indemnización es un elemento de la reparación del daño. Buscamos medidas de no repetición, de satisfacción”.

Con información de Animal Político.