
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La iniciativa conocida como “Plan B”, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado de la República tras el fracaso de la reforma electoral, contempla el cambio de fecha de la consulta de revocación de mandato para empatarla con las elecciones intermedias y que la mandataria pueda hacer proselitismo a su favor.
La iniciativa también propone reajustar las remuneraciones de funcionarios electorales, la reorganización de los ayuntamientos y reducir el presupuesto de los congresos locales.
Y aunque la semana pasada se contemplaba una consulta ciudadana para determinar el presupuesto asignado a partidos políticos y la reducción de diputados plurinominales, en la propuesta enviada al Senado ya no aparece.
Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y quien estuvo en las negociaciones en Palacio Nacional con los líderes del PT y PVEM, aseguró que quitar la consulta ciudadana fue una decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum y no por falta de apoyo de los partidos aliados.
“Fue una decisión de la presidenta el no presentarla. Y no hubo un amago de ningún partido político de votar en contra si ésta se mantenía en la propuesta. Fue una decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum”, explicó.
Tampoco aparece el cambio de fecha para la elección judicial con el fin de posponerla hasta el 2028, como pretendían algunos miembros del partido oficialista, como el vicecoordinador morenista en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuellar, y el presidente de la Comisión de Justicia en el Senado, el morenista Javier Corral.
“Hasta este momento, antes de presentarse la iniciativa que la presidenta enviará al Senado, se mantiene hasta este momento como está la elección para llevarse a cabo el 2027.
"No dejo de reconocer que hay voces que han planteado su cambio al 28, pero hasta este momento se mantiene la tesis de que sea el 2027 fecha concurrente para elegir a nuevos jueces y magistrados”, expresó Ricardo Monreal en conferencia de prensa, antes de que llegará la iniciativa al Senado.
El "Plan B" propone modificar el artículo 35 constitucional sobre la consulta de revocación de mandato del presidente de la Republica para que se realice durante los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o tercer año de su gobierno. Con ello se busca que se realice al mismo tiempo que las elecciones intermedias del 2027.
Establece que la consulta se realice mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos inscritos en la lista nominal el primer domingo de junio.
Sin embargo, también busca cambiar la Constitución para que el titular del Ejecutivo pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor.
"La persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”, detalla la propuesta.
En la modificación del artículo 134 constitucional se propone que los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), de los organismos públicos locales electorales y de los tribunales electorales de las entidades federativas no podrán ganar más que la presidenta de la República.
Además, establece que los funcionarios electorales no podrán contratar, con recursos públicos, seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley.
La propuesta de reforma también cambia el artículo 115 constitucional para establecer que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa integrado por un presidente municipal, una sindicatura y entre siete y 15 regidurías.
Además, busca cambiar el artículo 116 constitucional para que el presupuesto anual de los congresos locales no exceda el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos total del estado.
Con información de: Proceso.