
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la diputada federal de Morena, Petra Romero, acompañada de colectivos ambientalistas, exigiera el cierre inmediato de la pedrera Matrimar por presuntas afectaciones en la Sierra de Picachos, la empresa respondió públicamente a las acusaciones y rechazó operar fuera de la legalidad.
De acuerdo con activistas, la compañía habría invadido el área natural protegida y generado daños ambientales, entre estos por la sobreexplotación de superficie, afectaciones a la fauna y contaminación, por lo que solicitaron la intervención de autoridades federales y estatales para su clausura definitiva.
Incluso, señalaron que la explotación habría excedido los límites autorizados en su manifestación de impacto ambiental, lo que consideran un “ecocidio” en la zona.
En respuesta, la empresa Matrimar aseguró que opera con apego a la ley y fuera del polígono del área natural protegida, situación que —afirma— ha sido validada por inspecciones oficiales y resoluciones judiciales.
Asimismo, sostuvo que las acusaciones forman parte de una campaña de presión derivada de conflictos políticos, e incluso denunció haber sido víctima de presuntas exigencias económicas indebidas para permitir su operación.
En su comunicado, la empresa señaló que “resulta lamentable que un reducido número de personas se presenten como defensores de la legalidad cuando —en los hechos— piden pasar por encima de ella al solicitar el cierre de Matrimar cuando no existe razón legítima para ello”, y agregó que “no cederemos ante presiones políticas ni ante campañas de desinformación”, al tiempo que reiteró que su operación está sustentada en documentos oficiales y dentro del marco legal.
La compañía también advirtió que la controversia ha puesto en riesgo cientos de empleos y acusó que las acciones en su contra no son aisladas, sino parte de una serie de auditorías y señalamientos posteriores a una denuncia penal por presunta extorsión.
En ese contexto, reiteró que no cederá ante presiones y defendió la legalidad de sus actividades, mientras el conflicto entre autoridades, legisladores, ambientalistas y la empresa continúa escalando en Nuevo León.
Como se recordará, el mes pasado, el gobierno de Samuel García emprendió varias acciones contra la minera, lo que propició que se revelara un intento de extorsión del gobierno de Samuel García, a través del dirigente de Movimiento Ciudadano en el estado, consiste en la solicitud de un soborno millonario para evitar la clausura.
Con información de Proceso.