Otra mujer es procesada por violencia vicaria en Coahuila

SALTILLO, Coah., (apro) .- El Poder Judicial de Coahuila inició el segundo juicio contra una mujer acusada de violencia vicaria, pese a que el Tribunal Constitucional estableció criterios para que dicho delito, derivado de la violencia familiar, sólo sea configurado cuando una mujer sea la víctima. 

Karyna “N” es quien tuvo que permanecer una noche en el Centro de Readaptación Social Femenil de Saltillo, pese a que contaba con un amparo contra la orden de aprehensión que la Fiscalía General de Coahuila (FGE) ejecutó el 20 de marzo, cuando fue deportada por Estados Unidos, donde personal del ICE la detuvo el pasado 11 de marzo al cancelarle la visa, separarla de su hijo de 8 años y a quien deportaron por Reynosa, mientras ella permaneció 10 días en un centro de detención de Edinburg, Texas. 

La detención de la que fue objeto por personal del ICE fue de manera violenta porque supuestamente la visa fue cancelada el día 10 de marzo y era considerada como ilegal. Los hechos ocurrieron cuando ella ya se dirigía de regreso a México. 

“Me cierran con varias patrullas, me bajan del vehículo de una forma muy violenta. Mi hijo estaba en la parte de atrás, obviamente viendo todo; me esposan, me golpean en las piernas. Me dicen que yo estoy como un inmigrante ilegal en Estados Unidos, a lo que yo le respondo que eso no es cierto porque yo tengo mi visa, yo entré con mi visa de turista en compañía de mi hijo”. 

La mujer señaló que fue necesaria la presencia de una ambulancia, debido a que el menor tuvo problemas respiratorios y desde las 09:00 a casi las 17:00 horas permanecieron aislados y no podían pedir ayuda de familiares, mientras las amenazan de procesarla por delitos federales en Estados Unidos seguían y le informaron que está denunciada en México por el robo del menor. 

Karyna fue separada de su hijo, a quien las autoridades de dicho país deportaron por Reynosa donde el DIF lo recibió y lo envío a una Casa Cuna donde permanece hasta ahora. Ella también fue deportada, pero el pasado 20 de marzo, y al regresar a México ya la esperaba la Fiscalía de Coahuila por la supuesta sustracción del menor y la denuncia de violencia vicaria interpuesta por su expareja. 

“Estoy muy confundida porque realmente no sé por qué las autoridades no tomaron la precaución de revisar el expediente donde yo tenía un permiso de viaje, donde yo tengo la custodia y sobre todo ni siquiera hicieron una diligencia adecuada en contactar con mi familia y simplemente se fueron con cierta información sesgada para levantar esta Alerta Amber de una manera, creo yo, ilegal”, señaló. 

Historia de violencia 

Karyna narró los años de violencia que vivió con su expareja, así como el abuso sexual que presuntamente cometió éste contra su hijo y por el cual hay un proceso abierto aún, después de seis años de lo ocurrido, y donde las autoridades de Coahuila no lo vincularon a proceso, pero la madre de familia procedió a un amparo que se le concedió y el acusado solicitó la revisión.  

Fue en el 2019 cuando denunció a su expareja por la violencia que ejercía contra ella de manera física, económica y psicológica para presionarla a denunciar a sus dos hermanas y un hermano, así como a su madre, por el manejo de una herencia. 

“Yo sufría mucho; yo no quería demandar a mi familia, pero tampoco quería que me golpeara. A veces lo hacía cuando yo traía el niño en brazos, varias veces gente que trabajaba conmigo me rescató al niño de brazos porque él me dejaba tirada en el piso, pero cuando finalmente puse la denuncia fue cuando llegué al hospital y los golpes fueron tan severos que necesité ya una atención médica mayor”. 

Exigen atender criterios de la SCJN 

Por su parte Rosa María Salazar Rivera, directora de la Fundación Luz y Esperanza señaló que el mismo Poder Judicial de Coahuila incumple con el acuerdo de principios del mes de marzo, en el que los magistrados determinaron que el delito de violencia vicaria solo sería clasificado cuando la mujer fuera víctima.  

“Consideramos que este caso y otros que se han expuesto en los días recientes, representan una preocupante muestra de criminalización de las víctimas y una omisión grave en la aplicación de los protocolos internacionales y nacionales en materia de justicia penal. No se puede hablar de justicia en Coahuila si el sistema permite que el agresor utilice la ley como un arma de control adicional”, manifestó. A pesar de los avances legislativos, observamos con alarma cómo se instrumentaliza el derecho penal para perseguir a mujeres que previamente han sido víctimas de violencia sistémica por parte de sus parejas”, sostuvo.

La directora de la fundación dio a conocer que la orden de aprehensión contra Karyna se emitió el mismo día, 20 de enero, que se hizo contra Stella “N” y cuyo caso fue el que obligó al Poder Judicial de Coahuila a establecer los criterios jurisdiccionales que no respeta y por lo cual no descarta que existan otras medidas penales en contra de las mujeres, debido a que sus exparejas forman parte de los colectivos de hombres que pidieron el apoyo al presidente del Poder Judicial, Miguel Mery Ayup. 

Con información de: Proceso.