Secretario de Gobierno de Oaxaca rechaza que haya retroceso en materia de DDHH

OAXACA, Oax., (apro) .- El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, descalificó el informe de la Alianza Colectiva por los Derechos Humanos en Oaxaca, que concluyó que en el gobierno morenista de Salomón Jara Cruz existe un retroceso en DDHH, al documentar 32 defensores asesinados y 166 hechos conflictivos. 

Luego que integrantes de 23 organizaciones de la sociedad civil presentaron el informe “¿Avanza o no, el respeto a los derechos humanos en Oaxaca?” en el que no solo afirmaron que hay un retroceso si no que existe el “peligroso riesgo de que siga escalando en asesinatos y criminalización de defensores, represión de la protesta social, agresiones a opositores, amenazas a comunidades indígenas en resistencia o desplazamientos forzados”. 

El exluchador social calificó de “subjetiva” esa información. 

Romero López, exdirigente de Unión Campesina Oaxaqueña (UCO), que durante los sexenios priistas presuntamente vivió del chantaje, ahora que es parte del gabinete estatal lamentó “la falta de seriedad y profesionalismo de las organizaciones que suscriben dicho documento”. 

Y todavía fue más, allá al insinuar que este posicionamiento es por dinero al sostener que “reconocemos que actualmente las organizaciones enfrentan retos derivados de los recortes de financiamiento provenientes de países de Occidente y de organismos internacionales; sin embargo, la búsqueda de recursos económicos no puede sostenerse en datos falsos ni en construcciones mediáticas que recurran a la invención de cifras sobre asesinatos de personas”. 

Al tiempo que hizo “un llamado a todas y todos los actores sociales a conducirse con responsabilidad y a no lucrar con temas tan sensibles, pues las declaraciones sin fundamento o fuera de contexto ponen en entredicho la seriedad y el trabajo de dichas organizaciones”. 

Para sostener su dicho mencionó que “el informe se hace referencia a 32 supuestos asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en Oaxaca en lo que va de esta administración, dato que es totalmente falso, pudiendo constatarse incluso con los datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México”, sin embargo, no dio cifras o casos que se hayan inventado. 

Ante esta información, dijo, la Secretaría de Gobierno (Segob) expresa su preocupación por la difusión irresponsable y tendenciosa de datos falsos. 

Sostuvo que “en Oaxaca y de acuerdo con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, durante la actual administración estatal se ha registrado una disminución en el número de casos reportados de posibles agresiones contra personas defensoras, en comparación con los últimos años de la pasada administración estatal”. 

Cabe mencionar que, desde su inicio, el Gobierno de la Primavera Oaxaqueña ha impulsado mecanismos de diálogo permanente y coordinación institucional a través de esta dependencia y la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH). Esta última brinda acompañamiento y seguimiento a casos de agresiones a personas defensoras y periodistas, lo que ha permitido una respuesta articulada para garantizar el derecho a defender derechos. 

Detalló que respecto al supuesto caso de persecución hacia la comunidad indígena de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe, por la defensa de sus recursos naturales, la Segob pidió respeto a dicha comunidad indígena, pues la información que se vierte es totalmente falsa, violentando y criminalizando los procesos de decisión comunitarias, quitando además voz a la comunidad, sobre un proceso de construcción de paz que iniciaron con la Comunidad de Tamazulapan del Espíritu Santo, y que concluyó con la firma de un acuerdo de paz ante el Gobierno Federal en 2022. 

Cabe recordar que el coordinador de Derechos Territoriales de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Neftalí Reyes Méndez, resaltó que en los primeros tres años de gobierno del morenista Salomón Jara Cruz han sido asesinados 32 defensores de derechos humanos y del territorio, situación que ha colocado al estado de Oaxaca como el más peligroso a nivel país. 

Además, dijo que de acuerdo con el monitoreo que han realizado, en el periodo de Salomón Jara “hemos registrado 166 hechos conflictivos en el estado de Oaxaca, de los cuales el 26% son por conflictos agrarios; el 25% están relacionados al Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec y un 12% es por conflictos ambientales relacionados principalmente en la costa de Oaxaca por la llegada de eh empresas inmobiliarias. 

Hizo hincapié que “a partir de estos 166 hechos conflictivos, vemos que la omisión estatal es la mayor al ocupar el 40% de todos casos, es decir, en 40% de los casos documentados hay omisión gubernamental para responder, resolver y transformar ese conflicto; la provocación es el 28% y la administración del conflicto el 15%, es decir, hacemos, pero no hacemos”. 

Lo preocupante, agregó, es que en ese 28% de provocaciones, está la presencia de grupos de choque que están empezando a operar muy similarmente a los que existieron en el sexenio del priista Ulises Ruiz Ortiz y su sobre de represión. 

“Es decir, ya empezamos a documentar la aparición de grupos de choque relacionados con conflictos históricos, con conflictos actuales y, entonces, estos grupos de choque empiezan a realizar actividades similarmente a como lo hacían los gobiernos de los sexenios pasados”, puntualizó. 

Entonces, “esa es la respuesta que están teniendo las autoridades estatales frente a la conflictividad y, por otro lado, el gobernador y el gobierno federal están criminalizando a las personas y comunidades que se encuentran defendiendo sus derechos”. 

En este diagnóstico, abundó, “encontramos un 27% de actos de criminalización; 25% de hostigamiento y el 21% son homicidios, lo que significa que la respuesta gubernamental para enfrentar esta problemática está caracterizada para criminalizar, hostigar y para no atender los casos de homicidios, pero sí existen carpetas de investigación y grupos de choque en esta conflictividad”. 

En síntesis, “no hay un cambio en el ejercicio de gobierno, al contrario, persiste una actuación similar a la situación que acontecía con gobiernos anteriores, mientras que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca está resultando ineficiente”, puntualizó. 

Con información de: Proceso.