Centro Prodh cuestionan que se minimice la responsabilidad del Estado en desaparición de personas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la presentación de cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, organizaciones sociales que acompañan a familiares de personas desaparecidas cuestionaron que, ante la tragedia humanitaria, se minimice la responsabilidad del Estado y que se pretenda condicionar la búsqueda e investigación de las víctimas a la existencia de una carpeta de investigación.  

En su cuenta de X, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) cuestionó que la presentación presidencial colocara como “la premisa inicial que no se comenten desapariciones forzadas o que la mayoría de las desapariciones están relacionadas con ausencia voluntarias, minimiza la responsabilidad del Estado, contrario a lo que han destacado previamente organismos internacionales”.  

Apuntó que “acotar a 43 mil 128 el número de personas desaparecidas minimiza la dimensión de la crisis que tiene rostro y que no se resuelve con búsquedas administrativas en registros públicos”. 

Más aún, el Centro Prodh consideró preocupante que de los más de 46 mil registros clasificados como “datos insuficientes”, el gobierno de Claudia Sheinbaum no anuncie “acciones para subsanar los registros o tomar acciones de localización, dejando la búsqueda a sus familias”, sin dejar de reconocer que “las deficiencias el Registro no son atribuibles a las familias sino a las autoridades”. 

Contrario a la declaración de la presidenta de que sólo a partir de su reforma de 2025 fue obligatorio abrir carpetas de investigación, el Centro Prodh señaló que “siempre ha existido la obligación de abrir una investigación penal”, de ahí que “reconocer que únicamente hay 3 mil 869 carpetas de investigación abiertas evidencia los obstáculos que enfrentan las familias para denunciar, especialmente en contextos de riesgo, donde prevalecen redes criminales que alcanzan a las fiscalías”.   

El Centro Prodh aclaró que del 90% de localizaciones de personas desaparecidas mencionadas en la conferencia, “no necesariamente son atribuibles a acciones del Estado”, sino que “en muchas ocasiones son las familias y sus redes en la comunidad las que se activan en las primeras horas y logran localizarlas”.  

En cuanto al dado presentado por la presidenta de más de 200 detenciones de personas presuntamente involucradas en desapariciones, la organización recordó que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) observó “una impunidad de más del 99.9% en su visita a México”, por lo que las detenciones “no son un indicador confiable de combate a la impunidad, si no se traducen en procesos judiciales sostenidos que deriven en sentencias”.  

El Centro Prodh lamentó que, ante la tragedia humanitaria de las desapariciones, las acciones gubernamentales de diversas administraciones “se ha centrado en revisar registros y corregir cifras sin que se presente una Política Nacional de Prevención y Erradicación integral, como la recomendada por el CED, que permita abordar la dimensión de una crisis tan dolorosa”.  

En un comunicado conjunto signado por diez organizaciones civiles, sostuvieron que “reducir la crisis a una gestión de archivos ministeriales no es un error metodológico, es una decisión política que invisibiliza a las víctimas”, estrategia que han seguido los gobiernos desde 2007 que se desató la crisis de violencia en el país, “minimizar la magnitud de la desaparición en México”. 

Recordaron que desde 2017, la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, obliga a las fiscalías a abrir carpetas de investigación por desaparición, por lo que afirmar que esto es así a partir del año pasado “ignora que el verdadero obstáculo no es la falta de leyes, sino las malas prácticas, la corrupción y la omisión sistemática de las fiscalías que, activamente, evitan recibir denuncias o clasifican las desapariciones como otros delitos para no investigar”. 

Por ello, criticaron que “condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta es premiar la ineficiencia institucional”.  

Las organizaciones consideraron preocupante la afirmación desde el púlpito presidencia de que “96% de las personas localizadas no fueron víctimas de delito, sin que se haya dado a conocer la metodología que sustenta dicha conclusión”, mensaje que “puede contribuir a minimizar la gravedad de la crisis y a desdibujar las obligaciones del Estado frente a las familias”. 

Las organizaciones consideraron preocupante que “desde el discurso oficial se sostenga la idea de que en México ya no existen desapariciones forzadas, reduciendo el fenómeno a la actuación exclusiva del crimen organizado y borrando con ello la posible participación de agentes estatales”. 

Recordaron que entre las modalidades de responsabilidad del Estado en las desapariciones están la participación directa y la aquiescencia, existiendo casos en que se ha demostrado la participación de autoridades tanto en desapariciones como en la existencia  de  fosas clandestinas; “la omisión y la corrupción”, siendo responsabilidad del Estado que a través de sus instituciones se permita que “las redes criminales operen con libertad y cuando los procesos de investigación son opacos”; así como el involucramiento a través de “la impunidad como combustible”, para que los casos de desapariciones sigan ocurriendo.  

Las organizaciones reprobaron que utilizar “exclusivamente las carpetas de investigación para medir la magnitud de la tragedia es una distorsión de la realidad”, si se considera que el 93% de los delitos de este país no se denuncia y que el número de carpetas de investigación “no equivale al número de personas desaparecidas”.  

“El RNPDNO reporta hoy más de 132 mil desapariciones, una cifra que es resultado de la lucha histórica de las familias. Pretender validar únicamente una cifra reducida basándose en la burocracia de las fiscalías es un intento de minimizar la crisis para evadir la obligación de búsqueda”, señalaron las organizaciones.  

Los firmantes lamentaron que persista la “simulación de diálogo y exclusión sistemática”, ya que la presentación se hizo “sin una convocatoria amplia, transparente y abierta”, pues este tipo de eventos tienen que realizarse con una amplia participación de las familias, sus colectivos, expertos y organizaciones acompañantes.  

“Escuchar menciones de colaboraciones con organizaciones en espacios oficiales, mientras en la práctica se nos excluye de la construcción de las metodologías y se posponen las mesas de trabajo, es una forma de simulación. 

“La búsqueda es una obligación del Estado, por lo tanto, debe ser una política que reconozca, nombre y busque a cada una de las personas cuyo paradero desconocemos”, sentenciaron las organizaciones firmantes.  

Firmaron el pronunciamiento el Centro de Análisis e Investigación Fundar, Data Cívica, el Centro de Justicia para la Paz y la Democracia (Cepad), Elementa Derechos Humanos, el departamento de Incidencia en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Justicia para las Personas, el Instituto Mexicano Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Voces Mesoamericanas, Global Exchange y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). 

Con información de: Proceso.