Una cifra en disputa: el gobierno habla de 43 mil desaparecidos “vigentes”; las familias y colectivos, de una crisis mucho mayor

No es la primera vez. La actualización de cifras presentada este viernes por el gobierno federal marca el segundo intento en los últimos años de la llamada Cuarta Transformación por reclasificar el registro de personas desaparecidas, con el argumento de depurar datos y precisar el tamaño del fenómeno, pero en medio de cuestionamientos de familiares de desaparecidos, organizaciones y colectivos que advierten un posible intento por reducir la dimensión real de la crisis.

En la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, autoridades federales informaron que en México se acumulan más de 132 mil registros de personas desaparecidas y no localizadas. Sin embargo, señalaron que, tras un proceso de depuración del registro nacional, solo 43 mil 128 casos corresponden a desapariciones “vigentes”; es decir, personas de las que no se tiene rastro. Además, reportaron la existencia de 3 mil 869 carpetas de investigación abiertas y sostuvieron que más del 90 % de los registros han sido aclarados o clasificados en otras categorías.

Un antecedente directo ocurrió en 2023, cuando el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó un censo nacional —realizado incluso casa por casa por la Secretaría del Bienestar— con el argumento de depurar el registro de desaparecidos. Entonces, el propio mandatario aseguró que “no era cierto” que hubiera más de 110 mil personas desaparecidas y sostuvo que el recuento demostraría una cifra menor. La iniciativa fue cuestionada en aquel momento por especialistas y colectivos, que advirtieron la falta de rigor metodológico y el riesgo de revictimizar a las familias.

Ese proceso detonó una de las mayores controversias en torno al tema en el sexenio. La entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, renunció en agosto de 2023 en medio de tensiones por el manejo del registro. Meses después, la propia exfuncionaria advirtió públicamente que el censo impulsado por el gobierno tenía como objetivo reducir la cifra de personas desaparecidas, y alertó sobre los riesgos de dar de baja casos con criterios administrativos —como registros de actividad o coincidencias de nombre— sin confirmar el paradero real de las víctimas.

El tema sigue siendo profundamente polémico en México. Desde hace años, colectivos de búsqueda —integrados en su mayoría por madres que rastrean a sus familiares desaparecidos por su propia cuenta y riesgo— han manifestado desconfianza hacia las autoridades, a quienes acusan de indolencia, opacidad y de intentar minimizar un fenómeno que ha dejado más de 130 mil personas desaparecidas en el país.

Qué significan las cifras

La cifra de 132 mil 534 corresponde al universo histórico total de registros de personas desaparecidas y no localizadas en México.

Lo que hizo el gobierno fue reclasificar ese universo en distintos grupos. El principal es el de 43 mil 128 casos, que presenta como desapariciones “vigentes”.

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Sin embargo, junto a ese grupo existen decenas de miles de registros no resueltos que quedaron fuera de esa categoría, entre ellos más de 46 mil casos con “datos insuficientes”.

En otras palabras: el gobierno no niega los 132 mil registros, pero centra su diagnóstico en 43 mil. Ahí está el punto de controversia.

Organizaciones civiles como Fundar advierten que esta reclasificación puede distorsionar la dimensión real de la crisis, ya que una desaparición no deja de serlo por criterios administrativos o por la ausencia de una carpeta de investigación.

Sobre esto, Fundar advirtió que la forma en que el gobierno presenta las cifras puede “invisibilizar a miles de víctimas”, al condicionar el reconocimiento del fenómeno a variables institucionales que no reflejan lo que ocurre en campo.

En su posicionamiento, la organización subrayó que la desaparición debe investigarse de oficio, y que el bajo número de carpetas abiertas no refleja una menor incidencia del delito, sino las barreras estructurales que enfrentan las familias, como el miedo, la desconfianza o la ineficacia de las fiscalías.

Además, alertó que centrar la política pública en la depuración de cifras puede traducirse en un esfuerzo por reducir el problema en el papel, en lugar de fortalecer la búsqueda y la investigación.

Miles de casos quedan fuera

A estas críticas se sumó el Centro Prodh, que cuestionó la narrativa de “ausencias voluntarias” y recordó que organismos internacionales han señalado que las desapariciones en México ocurren de manera generalizada, en un contexto de impunidad superior al 99%.

Además, alertó que acotar la cifra a poco más de 43 mil casos deja fuera a decenas de miles de registros —entre ellos más de 46 mil con “datos insuficientes”— sin que se anuncien acciones concretas para su localización, lo que en la práctica traslada la carga de la búsqueda a las familias y reproduce las fallas estructurales del registro, que son responsabilidad de las autoridades y no de quienes denuncian.

Ese contraste entre cifras oficiales y realidad en territorio se refleja con claridad en lugares como el Ajusco, al sur de la Ciudad de México. Ahí, Animal Político ha documentado los casos de múltiples familias de personas desaparecidas que denuncian fallas estructurales en las investigaciones, pérdida de evidencia, ausencia de protocolos de búsqueda e incluso la falta de reconocimiento pleno de la problemática.

En casos recientes, los familiares relatan que las primeras horas —clave para la localización— se pierden entre trámites, negativas de acceso a zonas de búsqueda y descoordinación entre autoridades.

“No jueguen con nuestro dolor”

Ante la falta de resultados, estos colectivos han decidido escalar su exigencia y llevarla al escaparate internacional del Mundial de 2026. Con consignas como “No jueguen con nuestro dolor”, buscan evidenciar que, mientras se proyectan inversiones millonarias en infraestructura para el torneo, la crisis de desapariciones sigue sin una respuesta efectiva del Estado mexicano.

Las familias denuncian que el problema no es solo la magnitud de la crisis, sino la falta de capacidad institucional para investigarla: retrasos en la recepción de denuncias, ausencia de tecnología y una constante pérdida de evidencias.

La dimensión del fenómeno ha sido documentada en investigaciones previas de Animal Político. En un reportaje de esta redacción —titulado ‘México es una trituradora de jóvenes’— se evidenció que estados como Jalisco o Sonora concentran miles de casos de desaparición, muchos de ellos de jóvenes, y con niveles de no resolución que alcanzan hasta ocho o nueve de cada diez denuncias.

La investigación retrata además cómo las búsquedas recaen, en gran medida, en colectivos de familiares que recorren cerros, basureros o fosas clandestinas ante la insuficiencia de las autoridades, en un país donde la desaparición se ha vuelto un fenómeno persistente y extendido.

En paralelo a la presentación del informe del gobierno, en redes sociales, colectivos y espacios que documentan la labor de las madres buscadoras han insistido en que la crisis no puede reducirse a una cuestión estadística.

En publicaciones recientes en X, se advierte que el fenómeno está atravesado por una crisis forense y omisiones gubernamentales que siguen afectando a miles de familias en todo el país.

Colectivos como Madres Buscadoras de Sonora han reiterado en distintos momentos que, más allá de las cifras oficiales, el problema central sigue siendo la falta de respuesta institucional ante “el horror causado a las familias”, una crítica que se mantiene constante frente a los intentos de reinterpretar el registro nacional.

Finalmente, las organizaciones advirtieron que, más allá de los ajustes en las cifras, el Estado mexicano sigue sin presentar una Política Nacional integral de prevención y erradicación de las desapariciones, y alertaron sobre el riesgo de que los esfuerzos se concentren en la estadística más que en la búsqueda efectiva de las personas.

Con información de Animal Político.