
El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez, declaró que, tras detectar el SAT en Ciudad Juárez que no se reportó la retención del ISR durante 2021, esto se debió a una revisión realizada al municipio, acción que generó un crédito fiscal por más de 118 millones de pesos, “es una situación delicada”.
“Recordemos que el SAT puede revisar hasta cinco años; de hecho, a nosotros ayer nos llegó un comunicado, el 6 de abril, donde, por motivo de este impago del municipio, de este crédito fiscal, entonces estaría siendo sujeto a que uno de los conceptos que se le participan al municipio, que es el ISR participable, se le detenga. Entonces, el SAT ya no estaría enviando esa parte, esa participación, ese porcentaje de las participaciones relacionado con el ISR participable al municipio. Esto es una situación que consideramos importante, es grave, y que afecta no al gobierno municipal, sino al municipio”.
Granillo Vázquez agregó que, de no cubrirse ese crédito, el SAT retendrá una parte de las participaciones, por lo que el Gobierno del Estado respaldará a Ciudad Juárez a través de un mecanismo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, donde se pueden hacer convenios con los municipios para, además de lograr descuentos en estos créditos fiscales que pueden llegar a ser de hasta el 75%, “vamos a trabajar con el municipio; para esto, el municipio debe solicitárnoslo. De hecho, creo que hoy llegó un oficio de solicitud del municipio donde nos pide que nos apeguemos a esto”.
Asimismo, dijo que revisarán el oficio para poder aplicar el mecanismo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, a fin de apoyarlos para que logren el beneficio del 75%. “Por supuesto que hemos recibido las instrucciones de la gobernadora para apoyar siempre a los juarenses, a todos los chihuahuenses, pero en este caso, especialmente a los juarenses, para que puedan salir de esta crisis fiscal”.

Siguen saliendo irregularidades sobre institutos gubernamentales, en esta ocasión el medio de comunicación Animal Político, evidenció la adjudicación que hizo el Instituto Nacional de Migración a una empresa de organización de eventos, que supuestamente instaló albergues del 2021 al 2025, durante el comisionado de Francisco Garduño Yáñez.
Y es que entre estos años, el INM entregó diez contratos por al menos 2 mil 777 millones de pesos a la empresa empresa para instalar albergues y puntos de rescate migratorio, lo que por cierto ya había advertido la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la Cuenta Pública 2022, esto por 545 millones que no se comprobaron.
A pesar de esto, investigaciones señalaron que los contratos continuaron en los años siguientes mediante adjudicaciones directas, haciendo que el monto escalara a casi 2 mil 800 millones de pesos.
Por cierto, la empresa beneficiada es Grupo Caufi S.A. de C.V., que según Animal Político en base a los contratos, debían operar albergues o centros de rescate migratorio, pero no se encontró rastro de las instalaciones.

Grupos internos de Morena han comenzado a difundir un listado con 17 posibles aspirantes a gubernaturas para 2027 en distintas entidades del país.
El documento, que circula en redes sociales, estaría basado en mediciones de CE Research, firma encargada de evaluar el posicionamiento electoral de los perfiles.
Entre los nombres destacan Arturo Ávila en Aguascalientes, Milena Quiroga en Baja California Sur y Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua.
Hasta ahora, ni el partido ni la encuestadora han confirmado oficialmente la autenticidad o carácter definitivo del listado.

El diputado Cuauhtémoc Estrada ha comenzado a aparecer en bardas en Ciudad Juárez, bajo el argumento de promocionar su casa de enlace. Sin embargo, la acción ha generado señalamientos por posible promoción anticipada.
Aunque el número telefónico que se muestra sí corresponde a su casa de enlace legislativo, hay quienes consideran que el formato y la visibilidad del nombre del legislador rebasan la simple difusión institucional, reavivando el debate sobre los límites entre información oficial y propaganda política, teniendo en cuenta que las elecciones internas para definir candidatos no están muy lejos...

Siguen saliendo irregularidades sobre institutos gubernamentales, en esta ocasión el medio de comunicación Animal Político, evidenció la adjudicación que hizo el Instituto Nacional de Migración a una empresa de organización de eventos, que supuestamente instaló albergues del 2021 al 2025, durante el comisionado de Francisco Garduño Yáñez.
Y es que entre estos años, el INM entregó diez contratos por al menos 2 mil 777 millones de pesos a la empresa empresa para instalar albergues y puntos de rescate migratorio, lo que por cierto ya había advertido la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la Cuenta Pública 2022, esto por 545 millones que no se comprobaron.
A pesar de esto, investigaciones señalaron que los contratos continuaron en los años siguientes mediante adjudicaciones directas, haciendo que el monto escalara a casi 2 mil 800 millones de pesos.
Por cierto, la empresa beneficiada es Grupo Caufi S.A. de C.V., que según Animal Político en base a los contratos, debían operar albergues o centros de rescate migratorio, pero no se encontró rastro de las instalaciones.

Grupos internos de Morena han comenzado a difundir un listado con 17 posibles aspirantes a gubernaturas para 2027 en distintas entidades del país.
El documento, que circula en redes sociales, estaría basado en mediciones de CE Research, firma encargada de evaluar el posicionamiento electoral de los perfiles.
Entre los nombres destacan Arturo Ávila en Aguascalientes, Milena Quiroga en Baja California Sur y Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua.
Hasta ahora, ni el partido ni la encuestadora han confirmado oficialmente la autenticidad o carácter definitivo del listado.

El diputado Cuauhtémoc Estrada ha comenzado a aparecer en bardas en Ciudad Juárez, bajo el argumento de promocionar su casa de enlace. Sin embargo, la acción ha generado señalamientos por posible promoción anticipada.
Aunque el número telefónico que se muestra sí corresponde a su casa de enlace legislativo, hay quienes consideran que el formato y la visibilidad del nombre del legislador rebasan la simple difusión institucional, reavivando el debate sobre los límites entre información oficial y propaganda política, teniendo en cuenta que las elecciones internas para definir candidatos no están muy lejos...
