La Universalización de la Salud y sus desafíos políticos

Uno de los retos más grandes que cualquier país afronta lo encontramos en la universalización de su sistema de salud. En México el diseño institucional público para este propósito se encuentra fragmentado desde hace décadas a través de diversos subsistemas, entre los cuales tenemos IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y los sistemas de Salud Estatales.

Este modelo, como decíamos, enfrenta dificultades tales como la falta de coordinación efectiva entre órdenes de gobierno, la desigualdad en acceso y calidad de los servicios, la duplicidad de funciones y la persistente tensión entre centralización y descentralización, lo que en ocasiones afecta su objetivo, y especialmente, a la población beneficiaria.

Durante 2024, 63.8 millones de personas reportaron alguna afiliación, principalmente a través del IMSS e ISSSTE; no obstante, la población sin afiliación pasó de 22.2 millones en 2018, hacia 47.7 millones en 2024, es decir, más del doble en un lapso de seis años.

Para atender este serio problema, en el Marco del Día Mundial de la Salud, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció la publicación de un decreto a través del cual se crea el Servicio Universal de Salud.

Este sistema contempla, en primer lugar, que las personas puedan atenderse indistintamente en los Centros de Salud del IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE sin importar su afiliación a cualquiera de estos sistemas.

Lo anterior implica una mayor cobertura para el grueso de la población, mejor aprovechamiento de hospitales y médicos al compartir recursos entre instituciones, y la continuidad de tratamientos sin interrupciones. Además, incorpora un expediente clínico digital y una credencial única, lo que permite una atención más rápida, menos trámites y mejor coordinación médica.

Se prevé una implementación operativa en tres etapas: primero, en 2027, se permitirá la atención universal en casos prioritarios como emergencias, embarazos de riesgo y enfermedades graves; después, hacia finales de ese mismo año, se ampliará el intercambio de servicios especializados entre instituciones, como estudios y tratamientos; y finalmente, en 2028, se alcanzará la cobertura total, permitiendo consultas generales, surtido de medicamentos y atención integral sin importar la afiliación del paciente.

A pesar del bien común tan importante que busca este modelo, el mismo ha encontrado resistencia a su implementación en gobiernos locales de oposición; siendo Chihuahua uno de los ejemplos más representativos de ello.

Es inconcebible cómo se busca politizar con la salud pública como rehén simplemente para obstaculizar las políticas que buscan el bienestar de las personas impulsadas desde el Gobierno Federal.

No es la primera vez que lo hacen, recordemos la renuencia del Gobierno Estatal para suscribir el convenio de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, un derecho reconocido a nivel constitucional, además de las constantes omisiones en materia de salud, como la ineficiente gestión frente al brote de sarampión en 2025, el persistente problema de insuficiencia alimentaria en la sierra o el subejercicio en presupuestos federales para programas de salud.

Es aquí donde radica uno de los múltiples desafíos que enfrenta este ambicioso Sistema Universal de Salud, en donde sale a luz que los retos no son siempre operativos, presupuestales o de infraestructura, sino también lo son políticos, pues por muy difícil que parezca, aún hay gobiernos estatales que siguen haciendo de la salud su caja chica.

Por lo pronto hay dos opciones: seguir remando contra corriente, o dejar de hacerlo.