Plan B de Sheinbaum avanza en los estados

El "Plan B" de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum avanza en los estados, con al menos 20 Congresos Estatales avalando esta reforma, y superando el límite que exige la ley para declarar su constitucionalidad.

Durante la madrugada del jueves, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular, con 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención, el dictamen a la minuta que reforma los artículos constitucionales 115, 116 y 134, derivado de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para hacer ajustes en la integración y funcionamiento de los ayuntamientos y congresos locales y establecer límites presupuestarios a las remuneraciones de funcionarios electorales.

Es así que tras obtener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, este proyecto fue remitido a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para sus efectos constitucionales.

Mientras que a horas de ser aprobado, este mismo jueves y en tiempo récord, congresos como el de Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, la Ciudad de México, Tamaulipas, entre otros, dieron el visto bueno a la reforma presidencial.

Previamente, y durante la discusión de este dictamen que duró cerca de 15 horas, diputadas y diputados de todos los partidos intercambiaron descalificaciones, insultos y hasta groserías que hicieron resonar el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Incluso, el debate llegó al punto en el que la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán (PAN) enfatizó que buscaba censurar a nadie, "porque tendría que empezar por censurarlo a usted y yo creo fervientemente en la libertad de expresión; creo también en la fuerza de las palabras y cada legislador es responsable ética, legal y ciudadanamente, en términos de su representación adelante el orador”, dijo.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Leonel Godoy Rangel (Morena), manifestó su voto a favor del dictamen y rechazó las críticas que han calificado esta reforma como una “ocurrencia” y una propuesta deficiente.

Destacó que se plantea ajustar el funcionamiento de congresos locales y cabildos, y aplicar criterios de austeridad en el Senado, fortalecer la vida democrática del país y responder a las demandas, al mandato ciudadano expresado en las urnas.

Mientras que la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (PAN) comentó que esta no es una gran reforma electoral porque no surge del diálogo, ni del consenso o de una necesidad plural como las que le dieron forma a las anteriores que sí buscaban un mejor sistema electoral y político. “No toca los problemas de fondo, no mejora tu seguridad, ni garantiza servicios de salud y no fortalece la educación”.

Del PRI, la diputada Abigail Arredondo Ramos indicó que el “mal llamado Plan B es una ocurrencia, un intento por distraer la atención de los graves problemas del país”. Afirmó que no es una reforma electoral sino un modelo de control que centraliza decisiones, debilita a los estados, presiona a los municipios y busca someter a las instituciones electorales bajo el disfraz de la austeridad.

Señaló que la reforma no combate privilegios, “ni siquiera hay certeza de que las medidas generen ahorros reales”; es un distractor, incongruente, es engañosa e insuficiente, no atiende los problemas de fondo, ni abona a un sistema político más eficiente y efectivo. México no necesita más simulaciones sino seguridad, crecimiento económico, empleo, medicinas y un gobierno responsable.

De MC, el diputado Pablo Vázquez Ahued dijo que su grupo parlamentario asumió la responsabilidad de ofrecer una visión distinta para tener una mejor democracia con más participación y menos gasto, más democracia, impulsando el voto joven, la circunscripción migrante, combatiendo el acceso del crimen organizado al sistema electoral y transformando por completo el modelo de comunicación política y de justicia electoral.

Con información de: El economista.