
La Interpol emitió una ficha roja contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, para su localización y detención a nivel internacional, tras las órdenes de aprehensión vigentes en su contra por diversos delitos.
Durante su conferencia matutina de este 10 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la emisión de esta alerta, con lo que el exmandatario es buscado en más de 190 países.
Aureoles enfrenta señalamientos por delitos como homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, relacionados con los hechos ocurridos en 2017 en la comunidad indígena de Arantepacua, donde murieron cinco comuneros durante un operativo policial.
De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, existen al menos 16 órdenes de aprehensión derivadas de esta investigación por violaciones graves a derechos humanos.
A nivel federal, la Fiscalía General de la República también lo investiga por el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos, vinculado a un esquema irregular de arrendamiento para la construcción de cuarteles de la Policía Estatal durante su administración (2015–2021).
Autoridades estatales sostienen que Aureoles abandonó el país para evadir la acción de la justicia. El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, señaló que el exgobernador habría contado con apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación para salir de territorio nacional.
Según las investigaciones, el exmandatario fue ubicado en Jalisco, desde donde habría sido trasladado hacia el norte del país y posteriormente al extranjero.
La ficha roja de Interpol es un mecanismo de cooperación internacional que permite:
No obstante, la detención depende de la legislación y la colaboración de cada país. Con la emisión de la ficha roja, el caso de Silvano Aureoles pasa de una investigación nacional a una persecución internacional, lo que incrementa su relevancia política y judicial.
Autoridades mexicanas han señalado que las acciones continuarán hasta lograr su localización, mientras avanzan los procesos legales en su contra por presuntos actos de corrupción y violaciones a derechos humanos.
Con información de: El economista.