Decreto que impone tope a “pensiones doradas” se publica en el DOF; entra en vigor este sábado

El pasado viernes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la reforma al artículo 127 de la Constitución que establece un tope a las llamadas “pensiones doradas” del personal de confianza en entidades públicas, que tras ser aprobado en el Congreso fue ratificado por al menos 17 congresos estatales, como parte del proceso requerido para un cambio constitucional.

El decreto, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, entrará en vigor mañana sábado 11 de abril, de acuerdo con su artículo transitorio primero.

La reforma modifica y adiciona disposiciones del artículo 127 constitucional para establecer que las jubilaciones y pensiones de trabajadores de organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos no podrán rebasar la mitad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo Federal.

El texto publicado en el DOF es explícito al señalar que estas percepciones “no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente”, y fija este criterio como un límite general aplicable en los tres órdenes de gobierno.

Además, el decreto establece que las disposiciones laborales y los instrumentos jurídicos que regulen la relación de trabajo no podrán contemplar condiciones que superen ese tope.

En su régimen transitorio, la reforma determina que todas las jubilaciones y pensiones que no estén excluidas deberán ajustarse a este nuevo límite, incluyendo aquellas que fueron otorgadas antes de la entrada en vigor y que actualmente se encuentran vigentes. También ordena que los entes públicos revisen y, en su caso, adecuen sus contratos, condiciones generales de trabajo y demás instrumentos jurídicos para cumplir con lo dispuesto.

Excepciones y adecuaciones obligatorias

El nuevo texto constitucional contempla excepciones específicas. Quedan fuera del límite las pensiones de las Fuerzas Armadas, aquellas constituidas a partir de aportaciones voluntarias en sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales, las derivadas de aportaciones sindicales en esquemas complementarios y la pensión no contributiva prevista en el artículo 4º constitucional.

Asimismo, se establece que las aportaciones que realice el Estado a cuentas individuales o planes complementarios deberán sujetarse al mismo tope.

El decreto fija además un plazo máximo de noventa días naturales para que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales armonicen su marco jurídico con esta reforma, y precisa que su implementación no implicará ampliaciones presupuestales ni incrementos en el gasto en servicios personales o de operación.

El pasado 25 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen en una sesión que se prolongó por más de nueve horas y que estuvo acompañada de protestas de jubilados en el exterior del recinto de San Lázaro.

La minuta fue avalada en lo general con 458 votos y en lo particular con 363 votos a favor, 64 en contra y 25 abstenciones, sin que prosperara ninguna de las más de 100 reservas presentadas, por lo que el texto se mantuvo intacto.

Un debate marcado por desacuerdos

El punto más controvertido de la reforma fue su alcance sobre pensiones ya otorgadas. El dictamen aprobado permite que el nuevo tope se aplique también a jubilaciones vigentes, lo que generó inconformidad entre extrabajadores de distintas entidades públicas.

Las críticas también se hicieron escuchar dentro del pleno. Diputados del PT advirtieron sobre el carácter regresivo de la medida. Margarita García García señaló que su bancada tenía reservas para apoyar una reforma “regresiva”, mientras que Ricardo Mejía Berdeja sostuvo que no debía permitirse que “paguen justos por pecadores”. Jorge Armando Ortiz Rodríguez, por su parte, afirmó que el combate a excesos no debía traducirse en “pisotear derechos o cometer abusos”. Ninguna de estas propuestas de modificación fue aceptada.

Desde la oposición, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano coincidieron en que el problema no era establecer un límite a pensiones excesivas, sino hacerlo afectando derechos previamente reconocidos. La diputada Margarita Zavala advirtió que, si se modifican condiciones ya aplicadas a jubilados, “ningún derecho” estaría realmente garantizado.

Morena defendió el dictamen argumentando que la reforma está dirigida a eliminar beneficios desproporcionados financiados con recursos públicos. La diputada Maribel Solache González aseguró que el cambio “no afecta a la clase trabajadora” y que tampoco va en contra de quienes se manifestaron afuera del recinto legislativo.

Incertidumbre entre jubilados

Este viernes, extrabajadores de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad manifestaron su preocupación por los efectos de la reforma. José, quien ingresó a Pemex en 1982 y se jubiló en 2015, sostuvo: “Veo con tristeza que el gobierno federal y el Congreso no respetan los derechos adquiridos” y rechazó ser beneficiario de privilegios al afirmar: “Yo no soy privilegiado ni tengo una pensión dorada. Fue algo que me gané con mi esfuerzo, con años de trabajo”.

También cuestionó la aplicación retroactiva del cambio: “No se vale que ahorita, cuando ya somos viejos y estamos enfermos, vengan a decir que nos van a dar mucho menos”.

Fernando, de 79 años, quien participó en la puesta en operación de más de 20 plantas de proceso, advirtió sobre el impacto económico que enfrentará: “Tengo un modo de vida alrededor de esas percepciones (…) ahora veré la pérdida de dos terceras partes de mi ingreso. ¿Cómo le vamos a hacer?”.

A estas preocupaciones se suman reclamos por la difusión de datos personales de pensionados. Encarnación señaló: “Yo les pedí encarecidamente que no expusieran mis datos”, mientras que José advirtió: “Esto nos pone a todos en riesgo, en un país donde lejos de criticar las pensiones altas deberían informarse por qué son así”.

Con información de Animal Político.