
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para la reducción de la jornada laboral, el último trámite legislativo que se necesitaba para la transición a la semana de 40 horas.
La reforma constitucional, promulgada el pasado marzo, otorgó un plazo de 90 días al Congreso de la Unión para adecuar la legislación secundaria, ese mandato se cumplió este 22 abril con la aprobación en el pleno de San Lázaro.
“La lucha de la reducción de la jornada laboral ha sido desde hace más de un siglo una lucha por la dignidad humana. El dictamen recuerda que la consigna de ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de vida, fue una de las grandes banderas del movimiento obrero internacional”, expuso el diputado Pedro Haces Barba (Morena) durante la presentación del proyecto.
El dictamen avalado armoniza la Ley Federal del Trabajo con los cambios a la Constitución: la nueva jornada laboral semanal, la transición gradual, la prohibición de reducir salarios y prestaciones, y los nuevos topes de tiempo extraordinario.
Además, la reforma incorpora a la LFT disposiciones para la implementación paulatina de la jornada laboral de 40 horas, incluyendo un registro electrónico de las horas de trabajo, una nueva obligación que tendrán los empleadores en México.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) será la encargada de definir las disposiciones para la operación del registro electrónico, así como las excepciones. La autoridad también tendrá la facultad de solicitar la información de este sistema para verificar el cumplimiento de los nuevos máximos de tiempo laboral establecidos en la legislación.
El incumplimiento en el reloj checador equivaldrá a una sanción de entre 29,327 y 586,550 pesos (de 250 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización).
Con esta obligación patronal, México equiparará a países de la Unión Europea, como España, Francia, Portugal, Grecia, Bélgica o Italia, y economías de Latinoamérica, como Brasil, Chile o Colombia, donde el reloj checador es exigible para los empleadores.
Entre otros ajustes, los legisladores avalaron eliminar en la jornada diurna las 8 horas como “máximo” y fijar el estándar en 8 horas; es decir, que no se trate de un tope sino de una referencia fija. Aunque es un ligero cambio, este movimiento busca que las 40 horas se distribuyan en cinco días, pero para conservar la flexibilidad, se incorpora una disposición que permite repartir el tiempo de trabajo de común acuerdo entre patrones y empleados.
Esta flexibilidad, se indica en el dictamen, permitirá a los trabajadores liberar más tiempo para el descanso u obtener más ingresos por laborar horas extra.
Uno de los puntos más controversiales de la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo, retomada por los legisladores, era el cambio en el concepto de la jornada laboral para definirla como el tiempo en el que la persona “desarrolla actividades subordinadas”; pero esto fue descartado desde el análisis en el Senado.
Por otra parte, se fijó una transición gradual para el nuevo límite de tiempo extraordinario, el cual permanecerá sin cambios hasta el 2028, cuando incrementará una hora por año hasta alcanzar las 12 horas semanales en el 2030.
Legisladores de oposición consideraron que la reforma está incompleta al no garantizar dos días de descanso y por la ausencia de incentivos fiscales para acompañar la implementación.
La diputada Patricia Mercado (MC) destacó que tanto la reforma constitucional como la secundaria, “son insuficientes para las necesidades de las personas en estos tiempos”. Si bien reconoció que el dictamen representa una mejora al no contemplar el cambio en el concepto de jornada laboral, no garantizar dos días de descanso “sigue sin resolver la pobreza de tiempo” que afecta a las poblaciones más vulnerables.
A la petición del segundo día de descanso se sumó el diputado Theodoros Kalionchiz (PAN) y subrayó la importancia de incorporar medidas para acompañar a las pequeñas y medianas empresas en la transición. “Urgen incentivos fiscales para fomentar y estimular la actividad económica”.
La reforma a la LFT entrará en vigor el 1 de mayo, luego de que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Con ello, comenzará el plazo de preparación para que las empresas estén listas para reducir dos horas en la jornada semanal, ya que a partir del 1 de enero del 2027 el nuevo límite será de 46 horas.
Posteriormente, cada 1 de enero se reducirán dos horas más, hasta alcanzar las 40 horas semanales, esto ocurrirá en el 2030.
En el segundo semestre de este año también se conocerán las reglas para la operación del registro electrónico del tiempo de trabajo. La obligación será exigible a partir de enero del 2027.
La reforma laboral también contempla que la STPS instrumente “mecanismos que correspondan para recopilar, procesar y evaluar datos relacionados con la implementación de la reducción de la jornada laboral”.
Con información de: El economista.