Diputados corrigen la plana al Senado y regresan minuta que endurece delitos contra el medio ambiente
El presidente de la Comisión de Justicia, el diputado de Morena, Julio César Moreno, subió a tribuna para fundamentar el dictamen que endurece delitos contra el ambiente y la gestión ambiental con casos de hasta 20 años de prisión y 10 mil días de multa.
Puso un ejemplo para resaltar las bondades del proyecto: “Una empresa descarga residuos tóxicos en un río; no sólo contamina el agua, también afecta la salud de las personas”.
“¡Cínico!” “¡Como en el Golfo!”, se escuchó desde las curules de la oposición ubicadas en la fila cero.
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“Destruye actividades productivas y compromete el futuro de generaciones”, resaltó.
En tanto, el morenista explicaba que “con esta reforma esta conducta se sancionará con mayor severidad, incluyendo penas de prisión y sanciones económicas que realmente inhiban estas prácticas”.
El diputado de Morena garantizó que “se fortalece el marco penal para sancionar conductas que lastiman gravemente a nuestro país, como la tala ilegal, el tráfico de especies y el uso indebido de sustancias peligrosas, que no sólo afectan a la naturaleza, sino también a comunidades enteras”.
“Quien daña al medio ambiente debe enfrentar consecuencias reales, proporcionales y efectivas”, aseguró.
En su intervención, el diputado del PAN, José Guillermo Llamas, subrayó que “el Senado introdujo dos modificaciones que no coincidimos:
“El sistema de días-multas establecido en el artículo 29 del Código Penal Federal se refiere a la proporcionalidad económica real del reo o del sentenciado”, explicó.
El diputado del PAN dijo que “no deriva del salario mínimo, son cosas diametralmente diferentes”.
“Lo que garantiza es la proporcionalidad y no debe ser modificado bajo el argumento de la desindexación, criterio en el que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha sido categórica en este sentido”, apuntó.
El panista Llamas añadió que la segunda modificación al artículo 418 “excluye de responsabilidad penal a las personas campesinas, comuneras, ejidatarios y que habiten en el medio rural cuando las conductas que se realicen para cubrir sus necesidades básicas o de cocina tradicional; se exceptúa de las penalidades a estas personas”.
“Esta comisión, la Comisión de Justicia, que proponemos al pleno, considera que esta adición que inserta el Senado de la República genera una redundancia normativa, es decir, el artículo 423, hoy vigente del Código Penal Federal, ya contempla esta excepción”, recordó.
El dictamen aprobado por unanimidad fue devuelto al Senado y fija una sanción de seis meses a dos años de prisión y de 50 a 100 días multa, al que, sin causa legítima, se rehúse a prestar un servicio de interés público al que la ley le obligue, o desobedezca un mandato legítimo de la autoridad”.
El dictamen establece una pena de dos a 10 años de prisión y de 687 a 6 mil 878 días multa al que “ilícitamente descargue, deposite o infiltre, lo autorice u ordene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, que cause un riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua, a los ecosistemas o al ambiente”.
También se determina una pena de seis meses a tres años de prisión y multa de 50 a 100 días multa al que, “con uso de la fuerza, el amago o la amenaza, se oponga a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones o resista al cumplimiento de un mandato legítimo ejecutado en forma legal”.
“A quien quebrante por cualquier medio los sellos puestos por la autoridad competente, se le impondrá de dos a siete años de prisión y de 100 a 10 mil días multa, mismas que aumentarán hasta una tercera parte cuando, después del quebrantamiento del sello, se continúe con la conducta que originó la imposición de la sanción”.
Además, se sancionará con dos a diez años de prisión y de 687 a 6 mil 878 días multa a quien introduzca al territorio nacional, o trafique con recursos forestales, flora o fauna silvestre viva o muerta, sus productos o derivados, que porten, padezcan o hayan padecido alguna enfermedad contagiosa”.
“Que ocasione o pueda ocasionar su diseminación o propagación o el contagio a la flora, a la fauna, a los recursos forestales o a los ecosistemas”, indica.
Además, se castigará al que “desmonte, extraiga o destruya cualquier tipo de vegetación natural o recurso forestal maderable con uno a nueve años de prisión y de mil a cinco mil días de multa”.
“Al que corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, se impondrá pena de dos a 10 años de prisión y de mil a cinco mil días multa, y para quien realice actividades de ocupación, invasión o cambio de uso de suelo en cualquier tipo de terreno forestal, se establece una pena de dos a diez años de prisión y de mil a cinco mil días multa”, establece el proyecto.
El documento resalta que “cuando las conductas a que se refiere este artículo se realicen empleando armas de fuego u otro medio violento en contra de las personas o para obtener un lucro o beneficio económico, se aumentará hasta en quince años de prisión y hasta ocho mil días multa”.
“Dicha pena se incrementará hasta en 20 años de prisión y hasta 10 mil días multa para el caso en que las conductas antes referidas afecten un Área Natural Protegida”, apunta.
Con información de: LatinUs.
Tips al momento
Nora Yu suplente de Andrea, estaría impedida para ocupar el senado
Nora Yu, la suplente de Andrea Chávez en el senado, estaría impedida para ocupar la curul debido a que cuenta con un cargo de agente aduanal, lo cual queda expresamente prohibido en la misma Ley.
De acuerdo a los reportes proporcionados por la periodista, Lourdes Mendoza, resulta que Nora Elena Yu Hernández , "NO puede ser senadora suplente de Andrea Chávez"
La posición de Nora Yu como agente aduanal violenta la ley aduanera.
El artículo 159, fracción IV, de la Ley Aduanera, que establece como requisito para obtener (y conservar) la patente de agente aduanal: “No ser persona servidora pública, incluidas aquellas con licencia, ni encontrarse inhabilitada para serlo.”
Es decir que como agente aduanal no puede ser funcionario público, sin importar el nivel y la prohibición incluye a quienes tengan licencia en su cargo público, aunque sean temporales.
La ley establece esta limitante para evitar conflictos de interés. Ser agente aduanal implica actuar frente a la autoridad aduanera en representación de particulares.
Jorge Romero sale a la defensa de Maru
Tras varios días de críticas hacia el gobierno estatal de Chihuahua que encabeza la gobernadora Maru Campos, tras la muerte de dos elementos de la AEI y elementos de Estados Unidos, el presidente de Acción Nacional, Jorge Romero salió a la defensa de la mandataria estatal.
Fue por medio de redes sociales, que Romero compartió un video en el que aceptan como partido la petición de la comparecencia de la gobernadora y asegura se les va a revertir el tema por los que ya arrastra la federación.
“El pan respalda absolutamente a nuestra gobernadora Maru Campos, siempre lo haremos y siempre lo hemos hecho…ya verán como se les va a revertir esa comparecencia, si es que se da. Nosotros en el PAN respaldamos a nuestra gobernadora Maru Campos y a todo el pueblo de Chihuahua”, sentenció en el clip.
Por cierto, esta mañana la presidenta aseguró que no se trata de un tema político el que pidan explicaciones sobre las actividades de los agentes estadounidenses, sino de un asunto de soberanía y respeto a las leyes mexicanas.
Transición interna en Morena
Versiones al interior de Morena apuntan a una reconfiguración en su dirigencia. Luisa María Alcalde dejaría la presidencia del partido, mientras que Carolina Rangel asumiría de forma temporal para encabezar el proceso que llevaría a Ariadna Montiel al liderazgo nacional.
En la Secretaría de Organización, se prevé la salida de Andrés Manuel López Beltrán, con la posible llegada de Esthela Damián. De acuerdo con fuentes, algunos de los involucrados ya habrían comenzado a despedirse, aunque no existe confirmación oficial.
Señalan irregularidades en investigación de la muerte de agentes estadounidenses
Trascendió que tras el trágico suceso del pasado domingo en donde dos agentes estadounidenses fallecieron, pobladores de Polanco señalaron que las periciales de dicho accidente no se llevaron a cabo y qué únicamente subieron los cuerpos rápidamente por la pendiente del barranco antes que llegaran las demás autoridades.
Esto dejó aún más cuestionamientos, pues el director y los agentes, a quien ya señalaron medios estadounidenses como personal de la CIA, viajaban en una unidad NO blindada y en una zona de alto riesgo después de un importante operativo en el que se desmanteló uno de los más grandes laboratorios de drogas sintéticas incluso a nivel nacional, afectando claramente los intereses de grupos criminales con presencia fuerte en dicha zona.
Por si fuera poco, se señala a el director Oseguera Cervantes como un testigo protegido y se reitera que los elementos no eran capacitadores, sino que colaboraban con las autoridades chihuahuenses en operativos de Ojinaga y otras zonas, en donde incluso portaban armas de la FGE.
La camioneta Ford F-150 estalló debido a que llevaban bidones con gasolina, por lo que los cuerpos quedaron parcialmente calcinados, además se comentó que luego de esto se comenzó a buscar exhaustivamente equipo de los norteamericanos, sin precisar de qué se trataba.
Las contradicciones y el conflicto diplomático por los agentes de EU
A través de la columna Estrictamente Personal de Raymundo Riva Palacio, se señala que el fatal accidente carretero en donde murieron dos agentes estatales y dos de la embajada de Estados Unidos en Chihuahua, ha escalado hasta convertirse en un potencial conflicto diplomático y una crisis de seguridad nacional.
El accidente ocurrido en la zona que conecta los municipios de Guachochi y Morelos, dejó al descubierto la operación de agentes estadounidenses en territorio mexicano sin el conocimiento del Gobierno Federal.
El Fiscal César Jáuregui sostuvo que los fallecidos eran instructores que capacitaban a las fuerzas estatales en el uso de drones y tácticas de vigilancia, sin embargo, la capacitación en tecnología de drones no recae en la DEA, sino en el Ejército o la CIA.
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Es decir que como agente aduanal no puede ser funcionario público, sin importar el nivel y la prohibición incluye a quienes tengan licencia en su cargo público, aunque sean temporales.
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“El pan respalda absolutamente a nuestra gobernadora Maru Campos, siempre lo haremos y siempre lo hemos hecho…ya verán como se les va a revertir esa comparecencia, si es que se da. Nosotros en el PAN respaldamos a nuestra gobernadora Maru Campos y a todo el pueblo de Chihuahua”, sentenció en el clip.
Por cierto, esta mañana la presidenta aseguró que no se trata de un tema político el que pidan explicaciones sobre las actividades de los agentes estadounidenses, sino de un asunto de soberanía y respeto a las leyes mexicanas.
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