La economía del día a día

En los recorridos por las colonias de nuestra capital, al platicar con las familias durante las jornadas de asesoría jurídica, una de las realidades que domina las conversaciones no es la gran política nacional o lo que pasa lejos de aquí, sino la angustiante pregunta de qué podrán llevar a la mesa al final del día; el día a día, el saber “¿cómo le voy a hacer hoy?”. La inflación, a menudo tratada en los círculos de poder como una cifra que depende de cuestiones internacionales, se ha convertido en una sombra constante que distorsiona la dignidad y el bien común de los hogares. Mientras los discursos oficiales nos invitan a ver una economía estable y “que nada pasa”, la realidad de quienes habitan tanto el ámbito urbano como el rural nos cuenta una historia de creciente precariedad que ya no se puede ocultar.

El dato es contundente: en marzo de 2026, una persona en una zona urbana necesitó $4,940 pesos para acceder a la canasta básica de alimentos y servicios, mientras que en el sector rural el costo alcanzó los $3,553 pesos. Lo alarmante es que el aumento en el valor de estas canastas ha superado sistemáticamente a la inflación general, que se situó en un 4.59% anual según el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Esto significa que, proporcionalmente, las familias están destinando una parte cada vez mayor de sus ingresos solo para cubrir sus necesidades más elementales, dejando poco o nulo margen para otros gastos esenciales.

Si buscamos un termómetro fiel de este desgaste, basta con mirar el precio de la tortilla, el pilar fundamental de nuestra dieta nacional, el emblema del país, algo que nos ha colocado en la mesa de todo el mundo. El ascenso ha sido escandaloso: en 2018, el costo promedio era de $12.45, mientras que para 2024 escaló hasta los $23.95. Hoy, la situación ha alcanzado niveles críticos, reportándose costos de hasta $35 pesos por kilo en diversas ciudades del norte del país, con advertencias de que esta tendencia alcista podría prolongarse ante la presión en los costos logísticos y operativos (mayor costo de transporte debido al aumento al diesel).

Es necesario señalar que el actual modelo de gestión económica ha mostrado deficiencias estructurales importantes. La falta de incentivos efectivos para frenar el comercio informal y la presión inflacionaria sobre los insumos básicos han generado un efecto dominó que afecta directamente al consumidor. Si la política pública se desentiende de los costos de transporte y de la certidumbre para el pequeño productor, el que termina pagando la factura es, invariablemente, la familia trabajadora al momento de intentar surtir su despensa.

La disparidad en el impacto es también una señal de alerta; en las zonas rurales, los precios de alimentos y bebidas se dispararon un 7.9%, mientras que en los entornos urbanos el golpe fue mayor, con un incremento del 8.1%. Esta asfixia económica nos obliga a cuestionar la eficacia de los referentes monetarios actuales para combatir la pobreza. Si el costo para adquirir solo la canasta alimentaria ya supera los $2,500 pesos en la ciudad, nos enfrentamos a un reto de dimensiones sociales que requiere algo más que programas asistencialistas, cuya efectividad sigue siendo cuestionada en el terreno.

Como ciudadanos y actores políticos, no podemos permitir que la carestía sea la única respuesta ante la realidad nacional. Se requiere una reorientación estratégica que priorice la competitividad, la reducción de costos logísticos y una sensibilidad real ante la mesa de los mexicanos. El crecimiento de los precios, especialmente en granos, proteínas y artículos de higiene, no es un fenómeno inevitable, sino el resultado de decisiones de política pública que deben ser revisadas con urgencia y responsabilidad técnica.

Desde la trinchera del Congreso y el trabajo cercano en las colonias, la postura es clara: la economía debe estar al servicio de la gente, no al revés. Necesitamos un modelo que permita que el ingreso de los trabajadores rinda, que proteja el bolsillo familiar frente a una inflación que no da tregua y que deje de ver a los mexicanos bajo una óptica puramente electoral, para empezar a atender los problemas estructurales que hoy, más que nunca, requieren ser rescatados de la inercia y la falta de rumbo.