Contraste Brutal

Pulso Ciudadano
Lic. Armando Garay

Hay una pregunta que el gobierno federal no quiere responder: ¿por qué se investiga a quienes combaten al narco y se protege a quienes lo abrazan?

El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó cargos contra el gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, señalándolo de colaborar con el Cártel de Sinaloa para proteger operaciones de narcotráfico y recibir sobornos. La respuesta del gobierno federal fue exigir "pruebas contundentes". Poco después, la Guardia Nacional fue desplegada para proteger personalmente a Rocha Moya, ya sin fuero tras pedir licencia. El Estado mexicano, en resumen, escoltó al presunto narcogobernador.

El caso de Tamaulipas añade otra capa al entramado: Américo Villarreal fue operador politico delegado de Morena en la campaña de Rocha Moya, y sobre él pesan versiones de haber recibido financiamiento ilícito proveniente de Sinaloa durante su contienda electoral. La DEA documentó transferencias millonarias desde cuentas vinculadas a un presunto operador del Cártel del Noreste hacia una cuenta asociada al hijo del gobernador tamaulipeco. El gobierno federal: silencio absoluto.

En Baja California, Marina del Pilar Ávila acumula cuestionamientos sobre opacidad presupuestal y vínculos con grupos de poder oscuros. La federación: también silencio.

El contraste es brutal. Mientras todo eso ocurre, la FGR citó a declarar a cerca de 50 funcionarios chihuahuenses por haber participado en un operativo que desmanteló un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, donde murieron dos agentes de la CIA que colaboraban con la fiscalía estatal. La investigación tiene como objetivo establecer si el gobierno de Chihuahua tuvo conocimiento de la participación de agentes extranjeros en el operativo antidrogas.

El mensaje es transparente en su cinismo: en Chihuahua, el pecado es combatir al crimen. En Sinaloa, Tamaulipas o Baja California, la complicidad no merece ni una citación.

Como señalan algunos analistas,  el gobierno federal parece hoy más enfocado en desestabilizar políticamente a Chihuahua que en garantizar justicia en Sinaloa. Nuestra gobernadora de Chihuahua Maru Campos ha dado golpes reales al crimen organizado en la Sierra Tarahumara. Eso, al parecer, es imperdonable.

La impunidad en México siempre tuvo geografía y color partidista. Lo nuevo, y lo más indignante, es que ya ni se molestan en disimularlo. Al tiempo.

 

Tips al momento

Alejandro Domínguez pide a Cruz Pérez Cuéllar aclarar auditorías millonarias

El dirigente estatal del PRI y diputado federal, Alejandro Domínguez, respondió al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, tras sus declaraciones de “fuera máscaras”.


Domínguez afirmó que el edil y Morena deben aclarar más de 860 millones de pesos observados en auditorías de 2023 y 2024 por la Auditoría Superior de la Federación, señalando presuntas irregularidades en contratos, uniformes y chalecos antibalas.


Además, exigió a Morena responder por supuestos vínculos con el crimen organizado.


Fideicomiso, críticas y silencio en la UGRCH

En redes sociales surgieron críticas contra el fideicomiso relacionado con la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH). 


Tras la postura en contra de Morena por este fideicomiso, que supuestamente a Cuauhtémoc Estrada ya le dijeron que iniciará con 200 mdp como lo expresó en tribuna. 


Usuarios acusan ahora al dirigente de la UGRCH, Álvaro Bustillos de presuntamente beneficiarse de recursos y privilegios.


El tema en el Congreso ya tenía tiempo, pero ahora que se dictaminó y se aprobó por mayoría, con Morena y un voto del PT, es cuando sobra relevancia. Nunca dijeron nada, hasta ahora.


Hasta el momento, la UGRCH no han fijado una postura de los que no están a favor.


Federación aplica la de “abrazos, no balazos” en Chilapa

Tras los hechos concurridos en Chilapa, Guerrero, en donde un enfrentamiento entre dos grupos criminales provocaron que centenares de personas se desplazaran de sus hogares por la inseguridad, y dejaron al menos cinco muertos, llamó la atención de un comunicado emitido por la Secretaría de Gobernación, en donde se menciona una mesa de diálogo entre los dos grupos que se enfrentaron. 

Según el comunicado, con fecha del 12 de mayo, la secretaría comenzaría mesas de diálogo entre los dos grupos para “tratar de llegar a una situación de fondo”, esto, recibió una serie de críticas por parte de usuarios en redes sociales, cuestionando porque no se aseguró a los miembros de grupos criminales que provocaron los desplazamientos, en vez de abrir diálogo.

Tal parece que la estrategia de “abrazos y no balazos” de AMLO sigue presente en la administración de Sheinbaum, dejando a casi 800 familias con incertidumbre sobre si volverá a ocurrir un enfrentamiento de este tipo en cualquier momento…

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El tema en el Congreso ya tenía tiempo, pero ahora que se dictaminó y se aprobó por mayoría, con Morena y un voto del PT, es cuando sobra relevancia. Nunca dijeron nada, hasta ahora.


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