Denuncian ante FGE a centro de “rehabilitación” de Tijuana por violencia contra persona trans

ENSENADA, B. C., (apro) .- La Patrulla Espiritual, un centro de atención contra las adicciones, ubicado en el municipio de Tijuana, fue formalmente acusada ante la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) por presunto maltrato y violencia contra una persona de la comunidad trans.  

La fiscal general, Ma. Elena Andrade Ramírez, lo confirmó el miércoles 13 de mayo en la conferencia matinal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, y tras días de polémica luego de que el Comité de Colectivas y Colectivos LGBTTTIQA+ hiciera la denuncia pública a raíz de que circuló en redes sociales un video de la detención.  

Según los datos de la patrulla, la persona está identificada como Karim Emanuel; su madre, en un video, se mostró de acuerdo con las acciones e incluso mencionó que su hijo tenía ficha de búsqueda como persona desaparecida y que “por las drogas no sabe exactamente su sexo”. 

El comité citado recordó que los hechos ocurrieron el pasado 9 de mayo en dicha ciudad fronteriza, donde, señalaron, la víctima sufrió “privación ilegal de la libertad” al trasladarla contra su voluntad a uno de los centros para una “supuesta rehabilitación”.  

“Acorde con los videos y testimonios difundidos públicamente, durante este proceso la víctima fue sometida a actos de violencia y humillación dirigidos específicamente contra su identidad y expresión de género. En las imágenes se observa a la mujer visiblemente asustada, solicitando ser liberada y manifestando su negativa rotunda a ser trasladada”, detallaron.  

Los activistas remarcaron que el personal del centro ignoró las súplicas y procedieron a “vulnerar su dignidad humana”. 

“Los intentos de imponerle vestimenta masculina y cortar su cabello no son solo actos de fuerza, sino que constituyen violencia simbólica, psicológica y de género, así como posibles tratos crueles y degradantes motivados por el prejuicio”, señalaron.  

El comité remarcó que dichos actos representan un claro intento de “Esfuerzo para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (Ecosig)”, lo que es una conducta tipificada como delito en el Código Penal para el Estado de Baja California bajo el capítulo de delitos contra el Libre Desarrollo de la Personalidad. 

“Manifestándose en este caso en grado de tentativa y mediante el uso de violencia física y mora”, subrayaron, además de representar una grave violación a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el Artículo 1º, que prohíbe toda discriminación motivada por preferencia sexual o por identidad. 

Este día, la fiscal general confirmó que existe la denuncia formal contra la Patrulla Espiritual.  

“Hay una denuncia radicada por privación ilegal de la libertad y lo que resulte en investigación”, dijo, al tiempo de adelantar que será pedida la información necesaria sobre la revisión del centro.  

Anuncian revisión de centros 

Como parte de la información, las autoridades del gobierno estatal anunciaron que serán “reforzados” los protocolos de actuación al interior de los establecimientos especializados en el tratamiento de adicciones. 

Belinda Rodríguez Moreno, titular de la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género (SISIG), reconoció la labor de las organizaciones de la sociedad civil que brindan atención a personas en contexto de vulnerabilidad, principalmente en situación de calle.  

“Por los hechos sucedidos, nuestra gobernadora nos ha instruido que desde una mesa interinstitucional reforcemos la capacitación y los protocolos de actuación hacia dentro de los establecimientos especializados para el tratamiento de adicciones”, dijo. 

Recordó que las personas en situación de calle cuentan con derechos y que los procesos en dichos lugares deben, en primer lugar, salvaguardar su dignidad con perspectiva de derechos humanos y sin discriminación.  

Sobre las “terapias”, mencionó que todos los establecimientos cuentan con un protocolo de actuación validado por la Secretaría de Salud de Baja California.  

El secretario Adrián Medina Amarillas agregó que han tenido reuniones con los dueños de estos lugares y hacen las visitas correspondientes, por lo que seguirán al pendiente de que cumplan con las medidas.  

“La mayoría cumplen. Están en la mejor disposición de apegarse a la normatividad para poder reinsertar estas personas a la sociedad”, afirmó, al tiempo de referir que hay casi 350 centros oficiales en la región.  

Jorge Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), indicó que abrieron un expediente de oficio, además de que emitieron algunas medidas cautelares para salvaguardar la integración física de la mujer trans que está en el centro.  

“Con la finalidad de ver en qué parte esta, cómo está siendo tratada, si está bien físicamente”, citó, al tiempo de mencionar que un visitador ya habló con la víctima, y esta refirió que “está siendo respetada”.  

Aclaró que el hecho de que una persona esté afectada por el consumo de sustancias no suspende los derechos humanos, como el derecho al libre tránsito y a la integridad física. 

Con información de: Proceso.