El gobierno federal reserva por cinco años la información del Bypass de Ensenada

ENSENADA, BC (apro).- El gobierno federal reservó por cinco años toda la información relacionada con la ruta alterna o “Bypass” del municipio de Ensenada, Baja California, bajo el argumento de que hacer públicos los datos representa “un riesgo real” para realizar el proyecto, que está en etapa de “validación” y puede presentar modificaciones, además de que “el riesgo de prejuicio supera el interés público de conocerla”.  

Lo anterior se desprende de una respuesta obtenida el 7 de mayo de 2026 mediante una solicitud de transparencia hecha por el colectivo Ensenada Digna, en torno a la “Actualización del Proyecto del Bypass de la Autopista Tijuana-Ensenada”, promovido por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.  

Dicho proyecto consiste en un nuevo tramo para evitar pasar por la carretera escénica Tijuana-Ensenada, caracterizada por fallas geológicas y que colapsó el 28 de diciembre de 2013, lo que cortó la comunicación y provocó pérdidas económicas durante un año.  

El 13 de enero de 2025, Sheinbaum anunció el proyecto como uno de los ejes prioritarios del Plan México; para el 4 de marzo de 2026, Jorge Mendoza, director de Banobras, dio a conocer que se abriría a inversión mixta para la participación de la iniciativa privada para un costo de 4 mil 300 millones de pesos, según las declaraciones hasta el momento. 

Integrantes de la comunidad científica local, ambientalistas y organizaciones han señalado las afectaciones que dicho proyecto traería al entorno, además de realizar diversas peticiones de información pública, como la compartida a Proceso.  

En la respuesta a la solicitud, autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) clasificaron la información en torno al proyecto ejecutivo completo 

El gobierno federal justifica la reserva

En sus motivaciones, el gobierno federal remarcó que “el riesgo de prejuicio al difundirse dicha información supera el interés público de conocerla”, pues dichos documentos “constituyen un insumo indispensable para la toma de una postura institucional”, al igual que para la “determinación final”.  

“Que a la fecha aún no ha sido adoptada por las autoridades competentes, por lo que al divulgar dicha información podría interrumpir o menoscabar la conducción técnica de futuras negociaciones, con lo que se pondría en riesgo las condiciones de propuestas de operación, así como la exitosa culminación de proyecto”, agrega al texto.  

En la respuesta se reitera que la exposición pública podría interpretarse como una “postura definitiva” y que incluso podría generar “presiones externas que alteren la voluntad de negociación” o comprometer “el margen de ajuste” que requieran las áreas técnicas para emitir una “conclusión sólida”.  

“Así como inducir a terceros a especular sobre montos no oficiales o sobre obligaciones contractuales aún no confirmadas, afectando la estabilidad institucional del proyecto”, aseguraron las autoridades. 

Agregaron que, incluso, dar a conocer elementos deliberativos “no firmes” podría “deteriorar la confianza pública en el proyecto”, pudiendo interpretarse como un retraso o incumplimiento contractual, e incluso “derivar en presiones políticas injustificadas” 

“No puede hablarse de legalidad si se oculta la información”: Ensenada Digna 

Tras obtener la clasificación, integrantes del colectivo Ensenada Digna señalaron que dicha decisión representa “un grave atentado contra el derecho de la ciudadanía de estar informada” y participar en decisiones que afectan directamente el territorio, recursos hídricos, y medio ambiente.  

Indicaron que la reserva citada contradice los principios fundamentales del Acuerdo de Escazú, tratado internacional ratificado por México, que obliga a garantizar transparencia y participación pública en asuntos ambientales.  

“No puede hablarse de legalidad, transparencia ni participación ciudadana cuando la información relacionada con obras de alto impacto ambiental se mantiene oculta a la población”, puntualizaron en su postura pública.  

Por lo anterior, exigieron la inmediata desclasificación de la información relacionada con los trabajos observados sobre el trazo del Bypass, y transparencia total sobre permisos, estudios y actividades actualmente en ejecución. 

También el respeto al derecho ciudadano de acceso a la información ambiental y participación pública, y que ninguna obra o actividad avance mientras persistan irregularidades en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). 

La petición fue firmada por más de 100 personas y organismos de la sociedad civil, según el pronunciamiento enviado a la prensa.  

Los activistas incluso cuestionaron el proyecto en la pasada reunión pública de información, realizada el 12 de mayo en Ceart Ensenada por parte de Semanart y la compañía TGC Geotecnia, S.A. de C.V. -proyectista contratada por Banobras y la SICT-. 

Ahí, recordaron que el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) elaborado por dicha empresa ha sido ampliamente cuestionado por omisiones, inconsistencias técnicas y una deficiente evaluación de los impactos estructurales, ambientales hídricos, sociales y arqueológicos del proyecto. 

“Por lo que ha cobrado sumas que rebasan los 51.9 millones de pesos tan solo en las cifras que han accedido a revelar”, apuntaron. 

El Bypass es un libramiento de 25 kilómetros de largo para quitar presión a la carretera Escénica Tijuana-Ensenada y mantener una vía de comunicación. 

Según TGC Geotecnia, S.A. de C.V, contempla casetas de cobro, cuatro puentes y dos túneles falsos, además de que la justificación general es la saturación de vehículos en las vías de entrada al puerto. 

De mantenerse la reserva, la información sería liberada hasta el 2031, un año después de concluir su periodo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; sería la segunda para Ensenada en su administración, pues el Cicese reservó por tres años la relacionada con la MIA para el proyecto de ampliación del puerto de El Sauzal de Rodríguez, que, tras la presión social, se reorientó hacia Punta Colonet. 

Con información de: Proceso.