
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno tiene “derecho a dudar” de las acusaciones de Estados Unidos en contra de funcionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, al afirmar que hasta ahora no hay pruebas suficientes para actuar judicialmente en México.
Durante su conferencia, Sheinbaum detalló que autoridades estadounidenses enviaron una solicitud de detención urgente con fines de extradición contra 10 mexicanos, incluidos el gobernador, un senador y un alcalde, entre otros, pero que la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que “no hay suficientes pruebas”.
“Tenemos derecho a dudar y que en todo caso se presenten las pruebas pertinentes”, declaró la mandataria al defender la postura del gobierno federal.
La presidenta señaló que si bien la FGR abrió una investigación propia sobre el caso Sinaloa, insistió en que cualquier acción debe sustentarse en pruebas y conforme a las leyes mexicanas: “No es porque cualquiera venga a decir ‘cometió un delito’, entonces actúas”.
Sheinbaum reiteró que el caso involucra un tema de soberanía nacional a la vez que recalcó que México mantiene coordinación con Estados Unidos pero “sin injerencia”, y advirtió que que no se puede permitir que decisiones externas definan el futuro político o judicial de funcionarios electos en el país.
Autoridades de Estados Unidos acusaron formalmente a políticos y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Las versiones apuntaban incluso a una supuesta ficha roja de Interpol.
Sin embargo, la FGR rechazó que exista una ficha roja activa contra Rocha Moya y aseguró que no hay una orden de captura internacional vigente en México, además señaló que no cuenta con pruebas suficientes que permitan proceder penalmente en su contra.
La dependencia abrió una carpeta de investigación tras recibir información de autoridades estadounidenses, aunque aclaró que las indagatorias continúan y que hasta ahora no se han judicializado acusaciones.
El gobierno federal ha insistido en que cualquier señalamiento deberá acreditarse con evidencia y conforme a la legislación mexicana, mientras que autoridades estadounidenses no han hecho públicos expedientes completos o pruebas documentales sobre el caso.
Con información de Animal Político.