Cuando la FGR simula

El caso de Maru Campos no debe analizarse desde la frase cómoda de que “la Fiscalía solo está investigando”. Sí, la FGR puede investigar. Sí, puede integrar carpetas. Sí, puede citar personas cuando existan hechos posiblemente constitutivos de delito federal.

Pero ese no es el punto.

El punto es si la Fiscalía puede citar a una gobernadora en funciones como testigo, pero al mismo tiempo invocar fundamentos propios de una persona imputada. El punto es si puede llamar a comparecer a una servidora pública con fuero constitucional sin precisar claramente los hechos sobre los que debe declarar. El punto es si puede utilizar una diligencia aparentemente testimonial para abrir la puerta a una imputación encubierta.

Ahí está la debilidad jurídica del citatorio.

De acuerdo con lo señalado por Roberto Gil, abogado de la gobernadora, la FGR citó a Maru Campos en calidad de testigo, pero incluyó fundamentos legales relacionados con personas inculpadas e incluso le indicó que compareciera con abogado defensor. Esa contradicción no es menor. En materia penal, la calidad procesal importa. No es lo mismo ser testigo que ser imputado. No son los mismos derechos, no son los mismos riesgos y no son los mismos límites para la autoridad.

Si Maru Campos es testigo, debe ser tratada como testigo. Si la FGR pretende atribuirle responsabilidad penal, entonces debe decirlo con claridad y seguir el procedimiento constitucional correspondiente.

El artículo 111 de la Constitución no es un adorno. Establece un régimen especial para proceder penalmente contra gobernadores por delitos federales. Ese fuero no significa impunidad; significa control constitucional frente al uso político del poder penal. La FGR puede investigar hechos, pero no puede tratar materialmente como inculpada a una gobernadora sin declaración de procedencia.

Por eso la defensa de Maru tiene viabilidad jurídica. No necesita negar la facultad investigadora de la Fiscalía. Le basta con exhibir la contradicción: la llaman testigo, pero la rodean de elementos propios de imputada. Le basta con señalar la falta de claridad: el citatorio habla de “hechos que se investigan”, pero no explica cuáles. Le basta con advertir el riesgo procesal: que entre como testigo y pretendan cambiarle la calidad jurídica dentro de la diligencia.

Esa es la trampa.

La FGR no puede jugar con las categorías procesales. No puede llamar testigo a quien trata como sospechosa. No puede utilizar una comparecencia personal para rodear el fuero constitucional. No puede construir una imputación por la puerta de atrás.

Además, el contexto político importa. El citatorio no aparece en el vacío. Llega después de una serie de entrevistas públicas de la gobernadora, en medio de una confrontación abierta con el oficialismo federal y en un caso donde se intenta desplazar el centro de la conversación: del desmantelamiento de un narcolaboratorio a la supuesta responsabilidad de quien gobierna Chihuahua.

La ventaja que busca el oficialismo es evidente: sembrar sospecha. Convertir una acción contra el crimen organizado en una narrativa de presunta colaboración indebida. Poner a Maru Campos en el mismo tablero de desgaste que otros gobernadores bajo cuestionamiento público. Empatar políticamente lo que jurídicamente no es equivalente.

Pero una investigación penal no puede usarse como herramienta de compensación política. La Fiscalía no existe para equilibrar narrativas. Existe para investigar hechos con legalidad, objetividad y respeto al debido proceso.

Maru Campos no está obligada a aceptar una ambigüedad que la perjudique. Puede acudir. Puede responder. Puede colaborar. Pero también puede exigir que se respete su calidad jurídica, su fuero constitucional y su derecho a no ser colocada artificialmente como imputada bajo el disfraz de testigo.

La FGR no tiene una salida limpia si el citatorio fue construido con ambigüedad. Pero sí tiene una salida institucional: aclarar la calidad procesal, precisar los hechos investigados, respetar el fuero y dejar de usar el proceso penal como mensaje político.

No se pide impunidad. Se exige constitucionalidad.

No se pide que no se investigue. Se exige que no se simule.

La pregunta ya no es solo qué quiere saber la FGR de Maru Campos. La pregunta es qué quiere hacer la FGR con Maru Campos.