El diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez advirtió sobre lo que denominó la "tecnodictadura" promovida por el Gobierno Federal.
De acuerdo con el legislador, esta estrategia de control social se divide en tres etapas: la primera de ellas es la obligación de entregar rasgos faciales, huellas dactilares y lectura de iris bajo la amenaza de perder el acceso a servicios de salud, programas sociales e inscripciones escolares. Segundo el registro automático de números telefónicos enlazados a la CURP para monitorear geolocalización y contactos, una medida que Sánchez calificó como un atentado directo contra el secreto profesional y las fuentes del gremio periodístico y el dinero digital obligatorio.
Francisco Sánchez Villegas calificó de "despropósito" exigir los datos biométricos de menores de edad, especialmente tras los recientes hackeos masivos que han vulnerado los sistemas de la Secretaría del Bienestar, la Sedena y el SAT.
"Nombres, domicilios y datos bancarios ya están en el mercado negro debido a la incompetencia y vulnerabilidad del gobierno. Un correo o un NIP bancario se pueden cambiar, pero los datos del iris o las huellas digitales de nuestros hijos son irrecuperables una vez filtrados", enfatizó, tras confirmar que no entregará sus datos ni los de su familia al padrón oficial.
En contra del registro automatizado que las compañías telefónicas han comenzado a implementar sin el consentimiento explícito de los usuarios, el diputado informó que acudió a las oficinas de la Profeco en la entidad para exigir medidas defensivas, pero la dependencia optó por “esconderse y agachar la cabeza ante el régimen”.
Sánchez Villegas adelantó que en los próximos días encabezará una clausura ciudadana simbólica de las oficinas de la Profeco en Chihuahua y reveló que los jueces federales enfrentan presiones y temor al resolver los juicios de amparo promovidos por su equipo jurídico.
Recordó que su equipo ha liderado victorias jurídicas previas a nivel nacional, tales como el primer amparo para la vacunación de menores contra el COVID-19 con dosis avaladas por la OMS, y los primeros recursos legales que frenaron la distribución de los libros de texto gratuitos en la entidad.