
La diputada de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, llevó ante el Congreso del Estado una serie de seis cuestionamientos dirigidos a Adriana Alejandra Ruíz Ramírez, titular del CECYTECH. La legisladora busca una respuesta oficial ante la negativa de la institución para asumir la responsabilidad en un caso de negligencia educativa ocurrido en la comunidad de Ricardo Flores Magón, donde el exalumno Carlos Daniel Rodríguez Sáenz perdió la vista tras realizar una práctica de laboratorio autorizada por docentes y directivos.
Pérez Reyes recordó que el accidente ocurrió el 11 de marzo de 2024 en el Plantel 12. En esa ocasión, el joven realizaba tareas de fundición de aluminio fuera del plantel, una actividad solicitada por su maestro y avalada por el director. El procedimiento falló y las consecuencias cambiaron por completo el proyecto de vida de Carlos Daniel y el de su familia.
A raíz del incidente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación tras detectar omisiones institucionales y violaciones al deber de cuidado y protección de los estudiantes. Sin embargo, la diputada expuso que el CECYTECH resolvió negar cualquier indemnización o responsabilidad patrimonial, bajo el argumento de que los hechos sucedieron fuera de las instalaciones y responsabilizando a los propios alumnos y sus familias.
Ante esta postura, las preguntas formuladas por la legisladora para que la titular del CECYTECH responda formalmente al Poder Legislativo se centran en los siguientes puntos:
Falta de prevención: Si el personal del plantel sabía que los alumnos manejaban fuego, gas y materiales peligrosos para fundir aluminio, se cuestiona por qué nunca se suspendieron las actividades ni se aplicaron protocolos de seguridad antes de la tragedia.
Contradicción institucional: La diputada exige explicar cómo la Comisión Estatal de Derechos Humanos acreditó violaciones institucionales mientras que el CECYTECH, actuando como juez y parte, decidió exonerarse por completo.
Falta de ética y empatía: Se cuestiona la postura de la institución al basar su defensa en culpar al estudiante afectado, a sus compañeros y a los padres, en lugar de priorizar la reparación integral del daño de un joven que quedó invidente.
Deslinde por el lugar de los hechos: Si el argumento central es que el accidente ocurrió fuera de la escuela, la legisladora pregunta si el subsistema acepta de forma pública que los alumnos realicen fundición industrial sin supervisión ni equipo, aun con el conocimiento previo de los maestros.
Mensaje a la comunidad: Se pide a la dirección general que evalúe el mensaje que envía a los padres de familia en Chihuahua al negarse a indemnizar a un alumno con discapacidad permanente, ignorando una recomendación de derechos humanos.
Testimonios de los alumnos: Dado que existen declaraciones de otros estudiantes que coinciden en la falta de medidas de seguridad y el conocimiento de las autoridades, el cuestionamiento final apunta a si la dirección del CECYTECH sostiene que todos los menores mintieron en sus declaraciones.