El discurso de odio contra las mujeres: cuando la violencia se disfraza de opinión

Por, Sabela Asiain Hernández

Hay expresiones que lastiman mucho más de lo que aparentan. Se pronuncian en un programa de televisión, en una conferencia de prensa, en una red social o incluso dentro de un tribunal. Algunas personas las justifican como una broma, una crítica política o una estrategia procesal. Sin embargo, detrás de esas palabras se esconden siglos de estereotipos y discriminación que siguen colocando a las mujeres en una situación de desigualdad.

Quienes hemos litigado asuntos familiares sabemos que la violencia contra las mujeres no siempre deja huellas visibles. Muchas veces se manifiesta mediante palabras que buscan desacreditarlas, humillarlas o presentarlas como incapaces de ejercer plenamente su maternidad o sus derechos.

Hace apenas unos días, el debate público Chihuahuense fue escenario de un comentario dirigido a una Senadora que está embarazada, insinuando la posibilidad de que se complicará su parto o algo le pasara a su bebé. Independientemente de las diferencias ideológicas o partidistas, utilizar un embarazo como instrumento de burla o ataque político resulta profundamente preocupante. No solamente se agrede a una mujer en particular; se trivializa uno de los momentos de mayor vulnerabilidad física en la vida de millones de mujeres.

En este caso, además, se trata de una mujer joven que ha decidido continuar con su actividad pública hasta prácticamente el final de su embarazo, reflejando la realidad de miles de mujeres chihuahuenses que todos los días cumplen con sus responsabilidades laborales mientras esperan el nacimiento de sus hijas o hijos. Más allá de cualquier diferencia política, utilizar el embarazo como objeto de descalificación o burla implica desconocer el esfuerzo, la resiliencia y la valentía que representa transitar esa etapa sin abandonar el compromiso con el trabajo. Creo que muchas mujeres hemos trabajado hasta el término de nuestro embarazo y que ninguna mujer debería ser atacada por ejercer simultáneamente su maternidad y su profesión.

Quienes han experimentado un embarazo de alto riesgo, quienes han sufrido pérdidas gestacionales o quienes han vivido con el temor permanente de perder a un hijo, comprenden que ese tipo de expresiones no son simples opiniones. Son palabras capaces de reabrir heridas y de normalizar la violencia simbólica contra las mujeres.

En el ejercicio profesional también encontramos manifestaciones similares. Existen litigios donde se pretende privar a una madre de la convivencia o custodia de sus hijas o hijos únicamente por padecer una enfermedad, por tener una discapacidad o por enfrentar una condición emocional derivada de la violencia sufrida, sin demostrar que ello represente un riesgo real para la niñez. En esos casos, el prejuicio sustituye a la evidencia y la discriminación intenta disfrazarse de argumento jurídico.

Eso también forma parte de una narrativa de exclusión.

El discurso de odio puede entenderse como toda expresión que promueve, fomenta o justifica la discriminación, la hostilidad o la violencia contra una persona o un grupo por alguna condición protegida, como el sexo, el género, la discapacidad, el origen étnico, la religión o cualquier otra condición personal o social. No siempre implica una amenaza directa; muchas veces opera mediante la ridiculización, la estigmatización o la deshumanización de quienes históricamente han enfrentado discriminación.

El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe toda discriminación motivada, entre otros factores, por el género, las discapacidades o las condiciones de salud, cuando tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

A nivel internacional, el artículo 20, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia deberá estar prohibida por la ley. Asimismo, el artículo 13, párrafo 5, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la ley debe prohibir toda propaganda en favor del odio que constituya incitación a la violencia o a cualquier acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo.

Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) obliga a los Estados a combatir los estereotipos de género que perpetúan la subordinación de las mujeres, mientras que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en sus artículos 6, 7 y 8, impone el deber de prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra ellas, incluida la violencia simbólica y estructural.

La libertad de expresión constituye uno de los pilares de toda democracia, pero ningún derecho es absoluto, eso lo tengo claro, pero cuando las palabras alimentan la discriminación, reproducen estereotipos o fomentan violencia contra grupos históricamente vulnerados, el Estado tiene la obligación de generar condiciones que protejan la dignidad humana y promuevan una cultura de igualdad.

Quizá muchas personas reproduzcan este tipo de expresiones sin advertir el daño que ocasionan. Precisamente por ello resulta indispensable hablar del tema. La normalización del discurso de odio comienza cuando dejamos pasar comentarios que ridiculizan la maternidad, cuestionan la capacidad de una mujer por razones de salud o utilizan su condición biológica como herramienta de desprestigio.

No se trata de censurar ideas ni de cancelar el debate público. Se trata de recordar que las palabras tienen consecuencias y que una sociedad democrática no puede construirse sobre la humillación y la deshumanización de las mujeres.

Porque cuando se agrede a una mujer utilizando su embarazo, su maternidad, su discapacidad o su condición de salud como motivo de burla o desprecio, no se lastima únicamente a una persona. Se perpetúa una forma de violencia que durante décadas ha limitado el ejercicio pleno de los derechos de millones de mujeres.

Nombrarlo es el primer paso para erradicarlo.