Pide CEDH revisión a leyes locales por discriminación de edad, resalta limitación a docentes
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José Luis Armendáriz González señaló la necesidad de que los diputados revisen la Constitución y leyes locales a fin de corregir aquellos artículos que resultan discriminatorios o limitativos para las personas de la tercera edad, como el 791 del Código Administrativo del Estado que en su inciso C señala como requisito para la contratación de docentes un máximo de 45 años para los aspirantes.
Dicho artículo señala que “Para ingresar como maestros del sistema escolar del Estado en cualquiera de las categorías de los tipos de educación que comprende, se precisa: a) Ser mexicano; b) No ser ministro de algún culto o miembro de corporación religiosa; c) No tener más de cuarenta y cinco años de edad; d) No padecer de enfermedad o adolecer de defecto físico que impida el ejercicio del magisterio; e) Poseer título de maestro del tipo de educación en que vaya a ejercer. Para el ejercicio de la enseñanza de las actividades tecnológicas, de no haber maestros titulados en la especialidad, el Estado podrá aceptar los servicios de maestros diplomados”.
En este sentido, el ombudsman mencionó que esta limitante ya ha sido señalada por la Comisión al Congreso del Estado desde años atrás y hasta la fecha no se ha hecho la derogación de ese requisito que resulta discriminatorio por razón de edad.
Armendáriz González mencionó que es necesario que se haga una homogenización de las leyes locales a lo que marca la Convención Interamericana de los Derechos de Personas Mayores.
“En el caso del artículo 791 la Comisión le emitió ya recomendaciones al Congreso del Estado y no se ha hecho la derogación de ese requisito que desde luego no tiene sentido condicionar a que tenga 45 años una persona para que pueda ser contratada como maestro, por supuesto que es discriminación por razón de la edad”.
Respecto a la limitante de 70 años que se impone en la Constitución local para aspirar a la gubernatura, el presidente de la CEDH indicó que es un tema que siempre ha estado en discusión pues los mínimos y máximos que se definen para ejercer cargos públicos son para garantizar el mejor funcionamiento de las instituciones.
Según el artículo 84 de la Constitución local, se establece que: “Para poder ser electo Gobernador Constitucional del Estado, se requiere: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, chihuahuense, en pleno goce de sus derechos, nativo del Estado o con residencia efectiva en el mismo no menor a cinco años, inmediatamente anteriores al día de la elección. II. Tener cuando menos, treinta años cumplidos y menos de setenta al día de la elección”.
Sin embargo, José Luis Armendáriz mencionó que existe cierta ambigüedad en ese artículo pues una persona con 70 años de edad bien podría encontrarse en condiciones de ocupar una gubernatura o bien, estar incapacitada para ejercer dicho cargo dependiendo de su estado de salud físico y mental.
En este sentido, a principios de octubre la CEDH realizará un foro-taller para analizar los derechos humanos en función de la edad con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil provenientes de la Ciudad de México y de la capital con una duración de 3 días.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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