Chihuahua, referencia nacional en justicia cívica: Loya Chávez
El Reglamento de Justicia Cívica desarrollado en el municipio se ha convertido en referencia nacional, incluso fue modelo para implementarlo en la zona metropolitana de Monterrey, informó Gilberto Loya Chávez, director de Seguridad Pública Municipal.
Indicó el jefe policiaco que el tamizaje que se creó en Chihuahua y que se realiza a las personas que son detenidas para determinar si son canalizadas a un programa de apoyo, otros municipios lo ha tomado de referencia.
En este sentido, apuntó que se continúan las pláticas con Ficosec para seguir con la inversión para canalizar a personas a programas de centros de rehabilitación para ser desintoxicadas y brindarles una red de apoyo, de manera que al momento de salir del centro no regresen al entorno en el que estaba para evitar el riesgo de recaer, además de que se busca brindarles una oportunidad laboral.
"Hemos tenido reconocimientos por parte de experto a nivel nacional y se está por dar la continuidad con el apoyo a través de Ficosec", apuntó.
El Reglamento de Justicia Cívica derogó al anterior Bando de Policía y Gobierno, entró en vigor en octubre del 2019 y contempla audiencias públicas, así como la figura de jueces cívicos, lo que da voz al presunto infractor antes de dictar la sanción correspondiente a la falta cometida.
Entre otros beneficios a la comunidad, con el nuevo Modelo Homologado de Justicia Cívica (MHJC), la Dirección de Seguridad Pública Municipal pretende evitar que las faltas administrativas escalen a delitos, a través de la atención a las causas que lo ocasionan, además, que la Policía Municipal pueda mediar conflictos entre vecinos, en el lugar donde éstos se originen, facilitando su resolución pacífica y mejorando la convivencia cotidiana.
Para evitar que una falta escale a delito, se buscan alternativas viables que ayuden a las personas infractoras a modificar dicha conducta. Es decir, por ejemplo, cuando una persona sea detenida por ocasionar molestias a terceros debido al consumo sustancias tóxicas, se le puede brindar ayuda para que reciba la terapia correspondiente y evite caer en acciones más serias como robos o lesiones.
Tips al momento
Adán Augusto y el robo de ganado en Tabasco
El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, ahora está en la mira, no sólo por sus presuntos vínculos con "La Barredora", sino en el caso del robo de ganado más grande de Tabasco.
En Tabasco, durante el control de Adán Augusto López y “La Barredora”, creció el robo de ganado.
El 2 de abril de 2021, agentes de la Fiscalía para el Combate al Abigeato de Tabasco ingresaron sin una orden judicial ostensible al rancho San Gerónimo, en Jonuta, y se llevaron 267 reses de alto registro pertenecientes a la familia Lezama Zubieta.
El acto, que se realizó en presencia del denunciante (Manuel Ordorica Alamina), fue denunciado como un "operativo de Estado contra la propiedad privada" y un acto de despojo en lugar de procuración de justicia.
La familia Lezama Zubieta acreditó la propiedad del ganado con facturas y registros.
El 15 de diciembre de 2021, el juicio de amparo 352/2021 culminó con una sentencia federal que ordenó la restitución íntegra de las 267 reses, incluyendo las crías nacidas durante la custodia.
La Fiscalía de Tabasco ha mostrado un incumplimiento sistemático. Solo se restituyeron 90 animales. La Fiscalía declaró la muerte de 134 reses sin presentar evidencia verificable ni notificación fehaciente.
Una pericia de "Desarrollo del Hato Ganadero" arrojó una cifra faltante que supera las mil reses si se contabilizan las crías que debieron nacer, implicando un impacto patrimonial de valor premium (ganado de registro).
El caso ocurrió durante una administración vinculada al bloque político de Adán Augusto López y ha generado debates por el ascenso posterior de funcionarios de la Fiscalía a cargos públicos, además que designó a un líder criminal como Secretario de Seguridad Pública.
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El acto, que se realizó en presencia del denunciante (Manuel Ordorica Alamina), fue denunciado como un "operativo de Estado contra la propiedad privada" y un acto de despojo en lugar de procuración de justicia.
La familia Lezama Zubieta acreditó la propiedad del ganado con facturas y registros.
El 15 de diciembre de 2021, el juicio de amparo 352/2021 culminó con una sentencia federal que ordenó la restitución íntegra de las 267 reses, incluyendo las crías nacidas durante la custodia.
La Fiscalía de Tabasco ha mostrado un incumplimiento sistemático. Solo se restituyeron 90 animales. La Fiscalía declaró la muerte de 134 reses sin presentar evidencia verificable ni notificación fehaciente.
Una pericia de "Desarrollo del Hato Ganadero" arrojó una cifra faltante que supera las mil reses si se contabilizan las crías que debieron nacer, implicando un impacto patrimonial de valor premium (ganado de registro).
El caso ocurrió durante una administración vinculada al bloque político de Adán Augusto López y ha generado debates por el ascenso posterior de funcionarios de la Fiscalía a cargos públicos, además que designó a un líder criminal como Secretario de Seguridad Pública.
