A un año del caso, denuncian impunidad en asesinato de la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca

OAXACA, Oax., (apro) .- A un año del feminicidio de la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Lilia Gemma García Soto, la impunidad permanece intacta, lo que confirma que la respuesta sistemática de un Estado es que castiga a las mujeres que se atreven a ocupar y ejercer el poder, afirmó Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad. 

Para reforzar su dicho, sostuvo que en los 42 meses y medio del sexenio del morenista Salomón Jara Cruz, han documentado 39 casos de agresiones de violencia política por razón de género, que no solo incluyen la obstrucción del cargo o violencia psicológica, sino que se habla de secuestros, encarcelamientos y asesinatos. 

Citaron como ejemplo el secuestro de la presidenta municipal de San Agustín Amatengo, 

Italivy Sarahí Juárez Ramírez, quien fue privada de su libertad por pobladores de su propia comunidad tras irrumpir por la fuerza en el Congreso del Estado de Oaxaca, el 24 de febrero de 2026. 

Mientras que entre las mujeres que fueron asesinadas por gobernar se encuentran la presidenta del Comisariado de Bienes Ejidales de San Pedro Totolápam, Nazaret Cortés Velasco, quien fue asesinada el 19 de marzo de 2026 en un ataque armado. 

Antes, en el 2025 fueron asesinadas Guadalupe Urban Ceballos, regidora de San Juan Cacahuatepec; Hanna Alí Rosales, regidora de Huajuapan de León y Lilia Gemma García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas. 

La organización civil feminista resaltó que la participación política de las mujeres no puede seguir pagándose con la vida. Ni una mujer más asesinada por gobernar. 

Al conmemorar, el 15 de junio de 2026, el primer aniversario luctuoso de Lilia Gemma García Soto, la primera mujer presidenta de San Mateo Piñas. Mujer que luchó, gobernó y defendió a su comunidad, lamentaron que su asesinato sigue impune. 

En el aniversario luctuoso que se realizó en la Biblioteca “Andrés Henestrosa” destacaron que “honrarla significa pronunciar su nombre con la fuerza que le quisieron arrebatar, así como nombrar la violencia por lo que es: un feminicidio político. Un crimen que no comenzó el día que le quitaron la vida, sino mucho antes en cada denuncia ignorada, en cada queja pasada de largo, en cada institución que miró hacia otro lado”. 

Luego de resaltar que la participación política de las mujeres no es un privilegio sino un derecho humano reconocido desde 1979 por la CEDAW, desde 1994 por la Convención de Belém do Pará, desde 1995 por la Plataforma de Acción de Beijing, cuestionaron que en el 2026 se siga pagando con la vida el precio de ejercerlo. 

Reconocieron que algo ha cambiado en México, ya que, por primera vez en la historia del país, una mujer ocupa la Presidencia de la República, el gabinete federal de Claudia Sheinbaum es paritario, las mujeres representan el 50.2% de la Cámara de Diputadas y el 50% del Senado. En el Congreso del Estado de Oaxaca, el 50% de la legislatura son mujeres. 

Mencionaron que la reforma constitucional de Paridad en Todo de 2019 fue una conquista de los movimientos de mujeres, al igual que la tipificación de la violencia política por razón de género como delito electoral en 2020, así mismo existe el Registro Nacional de Personas Sancionadas del INE porque las mujeres lo exigieron. 

Afirmaron que “estos avances son reales, pero también dejan clara la enorme distancia entre lo que la ley promete y lo que vivimos en la realidad. La realidad dice que en México se han registrado más de 525 casos de violencia política por razón de género ante el INE (RNPS, marzo 2026) y que solo el 24.9% de las presidencias municipales del país están encabezadas por mujeres”. 

En el caso de Oaxaca, detallaron que apenas entre 22 y 25 mujeres encabezan presidencias bajo el Sistema Normativo Interno, de 417 municipios que eligen por este sistema. 

La realidad dice que Oaxaca encabeza el Registro Nacional de Personas Sancionadas con 188 casos vigentes de violencia política por razón de género. 

De acuerdo con los datos de la Plataforma de Violencia Feminicida de Consorcio Oaxaca durante el sexenio de Alejandro Murat Hinojosa, se registraron 78 casos de violencia política por razón de género, mientras que, en los tres años y medio de Salomón Jara Cruz, que comprende del 1 de diciembre del 2022 a la fecha, se registraron 39 casos. Esto significa que “el ritmo no ha disminuido y la gravedad ha escalado”. 

Por ello le enviaron un mensaje a la presidenta en el que señalaron que no basta con la paridad en el gabinete si el Estado no garantiza que las mujeres ejerzan sus cargos sin violencia. 

Entonces, “le exigimos implementación real del Protocolo Nacional de Violencia Política, financiamiento suficiente para los mecanismos de protección a defensoras y autoridades en riesgo, que el asesinato de mujeres en el ejercicio de cargos públicos y comunitarios sea investigado con perspectiva de género y sancionado con todo el rigor de la ley”. 

También le exigieron registros oficiales, concentrados y públicos de feminicidios políticos, “porque lo que no se nombra, no se cuenta y no se puede combatir”. 

De igual forma, cuestionaron al gobernador Salomón Jara Cruz porque “Oaxaca no puede seguir liderando los registros nacionales de violencia política contra las mujeres”, razón por la que le exigieron una política estatal de cero tolerancia a la violencia política por razón de género, acceso efectivo a la justicia para mujeres y acompañamiento a las familias de las mujeres asesinadas en el ejercicio de sus cargos. 

Además, le exigieron que, “su propio gabinete no sea refugio de agresores, como es el caso de Donato Vargas Jiménez, quien no puede ser borrado de la memoria de este gobierno. Usted lo nombró como titular de la Coordinación General de Atención Regional y Coordinador de Paz para la región Mixe, a pesar de las denuncias en su contra por acoso sexual, violencia digital y violencia familiar”. 

Litigaron que “el caso Donato Vargas no es una excepción. Es la radiografía de un patrón: el Estado que declara cero tolerancia con una mano, y con la otra protege a quienes violentan a las mujeres”. 

“Exigimos que ningún agresor con denuncias documentadas ocupe un cargo público en Oaxaca. Que la protección política a los agresores sea reconocida como lo que es: complicidad institucional con la violencia de género”. 

Finalmente, reiteraron que exigen justicia para Lilia Gema García Soto, castigo a los responsables de su asesinato, así como castigo a responsables del desvío de recursos públicos, denunciado por Lilia. 

“A un año de su muerte, queremos que sepan: quienes la mataron, quienes permitieron que la mataran, quienes aún callan ¡No nos han silenciado, ni a su familia, ni a todas las mujeres que exigimos justicia para ella, justicia para todas!”. 

Con información de: Proceso.