Transportistas presentan denuncia contra alcalde de Salinas Victoria, NL, por extorsión
MONTERREY, N.L., (apro) .- La delegación en Nuevo León de la Fiscalía General de la República (FGR), dio entrada a una denuncia penal por el delito de extorsión, en contra del presidente municipal de Salinas Victoria, el emecista Raúl Cantú.
La querella es promovida por Jorge Gloria, secretario general del Sindicato de transportistas de la CROC y por la abogada Marlene Díaz Villarreal, en representación de unos 100 afectados con las extorsiones sistemas de policías y agentes de tránsito y vialidad municipales.
En la denuncia de hechos también se vincula al secretario de Seguridad municipal, Arturo Garza Morua, quien ordena de manera directa la instalación de retenes o puntos de revisión de los vehículos de carga, la imposición de multas y arrestos.
La denuncia de transportistas ante la FGE por el delito de extorsión por parte de funcionarios municipales de Salinas Victoria, Nuevo León.
Los transportistas adheridos a la central obrera, quienes transitan por ese municipio para laborar en la construcción de la infraestructura vial del tren de pasajeros Monterrey-Saltillo-Nuevo Laredo, obra a cargo del gobierno federal, se quejan de que a metros de este retén municipal hay uno estatal con Fuerza Civil y estos no los molesta, solo los de la ciudad.
En la exposición de hechos, la representación legal de los afectados revela la privación ilegal de la libertad a choferes y al mismo líder sindical por parte de los policías y tránsitos municipales, hasta que no paguen “noches” de 40 mil hasta 80 mil pesos.
También, de acuerdo con la querella, se indica que por disposiciones del alcalde Raúl Cantú, destacado militante de Movimiento Ciudadano, desde el mes de febrero que iniciaron las obras de construcción del tren de pasajeros “el hostigamiento a los conductores de transportes ha sido constante”.
De los 120 operarios registrados en la nómina ante la empresa ICA, 60 han enfrentado el hostigamiento policial, el cual ha costado más de 2 millones de pesos en multas y coste del resguardo en el corralón, agregó Gloria Ovalle.
Aunque tienen permiso estatal para brindar el servicio de transporte de carga de materiales de construcción y sin ser competencia municipal los policiales han retenido camiones de 14 metros y góndolas, obligándolos a pagar multas que van desde los 60 a 80 mil pesos ya con los costos de la grúa y el corralón.
Ingenieros Civiles Asociados ganó la licitación para construir el tramo del tren de pasajeros que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum como uno de los proyectos insignes de su administración.
Con información de: Proceso.
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