En fechas recientes Salvemos los Cerros de Chihuahua ha protagonizado nuevamente valiosas experiencias con respecto al uso de las herramientas que la ley estatal de participación ciudadana confiere a toda la población para incidir en la toma de decisiones políticas que configuran el presente y el futuro de nuestra ciudad.
La primera audiencia pública realizada en el municipio de Chihuahua fue hace dos años con motivo de la defensa del Cerro Grande Arewákawi ante los impactos negativos que sufre el paisaje a partir de las acciones de urbanización, en este caso, de una gasolinera. Gracias a esta audiencia, pudimos acceder a los permisos, autorizaciones y estudios de impacto ambiental, con los cuales hemos interpuesto un juicio de Amparo en el poder judicial, mismo que tuvo su audiencia constitucional este mes pasado de octubre, y que a juzgar por las pruebas presentadas por nosotros, tenemos muchas posibilidades de ganar el juicio.
La más reciente audiencia se llevó a cabo en la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología con el objetivo de la declaración de áreas naturales protegidas en los cerros del Mogote y el Cañón del Marro, y se acordó con el municipio la formación de una mesa técnica que incluya al equipo interdisciplinario de Salvemos los cerros.
Gracias a la activación de estos mecanismos y herramientas de participación ciudadana, el impacto mediático y comunitario crece cada vez más con un resultado positivo: las instituciones, las personas, los medios de comunicación reciben con claridad nuestras propuestas de mejora del medio ambiente y el paisaje de la ciudad de Chihuahua.
Estos aspectos de protección territorial, el acceso a una ciudad incluyente, espacios públicos, paisajes de calidad, servicios ambientales, entre otros, son parte del derecho humano a un medio ambiente sano, garantizado por el artículo cuarto constitucional, sin embargo, en muchas ocasiones, son las mismas autoridades e instituciones las que sientan las bases para la violación de este derecho fundamental del cual depende el derecho a la vida y por lo tanto todos los demás.
Es por eso totalmente necesario que la ciudadanía utilice todas las formas legales y pacíficas de lucha para proteger los derechos humanos, ya que si no usamos los instrumentos que las mismas leyes y reglamentos reconocen como medios de participación, entonces corremos el riesgo no solo de seguir viviendo bajo la sistemática violación de los derechos humanos, como en el caso del medio ambiente, sino que también existe la posibilidad de que las pequeñas aperturas democráticas y deliberativas sean canceladas por desuso. Es un derecho que todas las personas tenemos y no necesitamos ser expertos en leyes para activar una audiencia, una iniciativa ciudadana u otra herramienta, como lo es la colaboración ciudadana, presupuesto participativo, planeación participativa, plebiscito o referéndum.