El desafuero de Alito Moreno se acerca: Fernández Noroña adelantó que “no existe pacto de impunidad”
Gerardo Fernández Noroña, diputado por el Partido del Trabajo (PT), volvió a arremeter contra Alito Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y, de manera determinante, aseguró que en San Lázaro ya se comenzó a trabajar su desafuero, con lo que se demuestra que no existe pacto de impunidad.
Este lunes 3 de septiembre, Fernández Noroña convocó a una rueda de prensa en la que, además de anunciar el desafuero, reiteró que Alejandro Moreno Cárdenas no debe de estar al frente de la Comisión de Gobernación y Población en el Palacio Legislativo de San Lázaro, así que refrendó su posicionamiento en conjunto con diversos morenistas quienes pugnaron para retirarlo de su cargo.
Durante su ponencia refirió que será la Junta de Coordinación Política (Jucpo) en San Lázaro la responsable de determinar si Moreno Cárdenas debe de estar a cargo de la Comisión, esto por la insistencia de 19 diputados en que el líder del tricolor ya no esté a cargo de la misma.
Cabe recordar que Noroña, como secretario de la Comisión de Gobernación, planteó la remoción de Alito Moreno por no tener la calidad moral que se requiere para estar a la cabeza de una Comisión tan importante y, en consecuencia, Moreno Cárdenas mandó un comunicado en el que se expulsa a el petista de la misma, lo cual establece un contubernio en el organismo legislativo.
“No pude sacarme si ya ni siquiera la preside”, sostuvo el sociólogo de la UAM. Bajo esa tónica recalcó que hay 19 diputados que integran la comisión que quieren su remoción y que son 21 los que quieren que la Jucopo resuelva:
“Hay un grupo de legisladoras y legisladores que consideramos que Alejandro Moreno no tiene autoridad moral ni política para presidir esa comisión ni ninguna”
Como si esto no fuera suficiente, Fernández Noroña adelantó que en San Lázaro ya se instaló la mesa que revisará la solicitud de desafuero promovida por Renato Sales Heredia, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche, con lo cual aclaró que no existe ningún pacto de impunidad entre el gobierno y las bancadas que lo promueven con Alito Moreno y/o el PRI.
La posibilidad de que esto ocurra es latente, pues la Jucopo ahora es presidida por Ignacio Mier Velazco, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), mismo partido que promovió la remoción de Alito Moreno y que forma la mayoría en el Palacio Legislativo de San Lázaro, por lo que no sería extraño que el partido guinda actúe de manera coordinada para retirarle la presidencia de la comisión al líder del PRI.
Además, es este mismo partido el que ejerce en Campeche y ha solicitado el desafuero del diputado, esto con la finalidad de poder abrir un caso ante la fiscalía local por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, esto porque la FGE sostiene que Alejandro Moreno posee un patrimonio que no coincide con sus percepciones como funcionario, de tal manera que requiere que se le retire la inmunidad procesal para que la justicia actúe conforme a derecho y determine si es responsable o no.
Por su cuenta, Moreno Cárdenas sostiene que es inocente y que todo esto forma parte de una envestida política fraguada desde el gobierno federal en su contra por haber fijado postura, junto con su partido, contra la Reforma Eléctrica de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), misma que pretendía fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante los competidores privados.
De tal modo que sostiene que lo que acontece ante la ciudadanía es una persecución política más que un verdadero acto valorado y justificado en favor del poder legislativo. De tal modo que él se ha mantenido firme como el presidente de la Comisión de Gobernación; no obstante, la posibilidad de que quede fuera de ella es latente, pues antes era inmune a eso porque su compañero y amigo Rubén Moreira era quien presidía la Jucopo.
Con información: Infobae.com
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“Ley Gobernadora” en SLP podría romper relación entre el PVEM y Morena
Tras la aprobación en Fast Track de la “Ley Gobernadora” en San Luis Potosí, que beneficiaría a Ruth Gónzalez, senadora y esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo, fuentes internas del legislativo señalan que podría haber una ruptura entre el partido oficialista y el PVEM.
Fue el medio Político.mx quien destapó esta posible ruptura, ya que este podría ser un claro ejemplo de un caso de nepotismo, pues con la aprobación de esta ley, en el 2027 la persona que quedaría al mando del estado tendría que ser mujer.
Por su parte, dicen, que el ejecutivo nacional ya tiene puestos los ojos en el gobierno de Gallardo, así como en los diputados del Partido Verde, que gracias a su mayoría aprueba leyes y reformas para beneficio del gobernador y su cúpula política.
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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