Prevalece uso de combustibles fósiles
• Ruth Zavala Hernández, Alba Gabriela Cabriada Jarquin y Luis Roberto Guanes García participaron en la mesa “Sostenibilidad y Crisis Medioambiental”
• Disertaron sobre la problemática que enfrenta el planeta y la necesidad de modificar las políticas públicas al respecto
La regulación climática en el mundo está fragmentada, por lo que hay ocasiones que se logran mayores avances a nivel local que global, lo cual implica repensar las políticas de Estado en la materia, que incluyan la formación de ciudadanías más solidarias y sustentables, coincidieron en señalar expertos reunidos por el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales de la UNAM.
En el Seminario Permanente de las Ciencias Sociales. Reflexiones del Mundo Contemporáneo desde las Ciencias Sociales: Estudios y Aportaciones, Ruth Zavala Hernández, Alba Gabriela Cabriada Jarquin y Luis Roberto Guanes García reflexionaron sobre los retos que las naciones, la sociedad y los empresarios enfrentan respecto al cambio climático.
Al participar en la mesa “Sostenibilidad y Crisis Medioambiental”, Zavala Hernández, experta en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, enfatizó que la regulación climática se encuentra fragmentada a través de la gobernanza global, lo que explica por qué en varios casos hay más avances y dinamismo a nivel subregional, respecto a lo que se logra a nivel global.
La doctora en Ciencias Políticas y Sociales destacó que los últimos 30 años de negociaciones climáticas se han caracterizado por una paralización de los actores clave, que son los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Y si bien se habla de responsabilidades comunes, la realidad es que las consecuencias no son igualitarias, pues aquellas naciones con menos ingresos son las más vulnerables y expuestas a los efectos de la crisis climática.
“Como sabemos, somos sociedades basadas en energía, y la matriz energética mundial actual nos dice que, todavía, el 70 por ciento de esta es aún fósil, es decir, petróleo, gas natural y carbón. Pese a que se ha hablado mucho de cambiar la matriz energética no se está pensando en dejar de utilizar los combustibles fósiles sino, más bien en tener una matriz diversificada”, destacó la también Consultora para la Organización de Estados Americanos en proyectos de adaptación al cambio climático.
Zavala Hernández estimó que los principales retos que enfrenta la acción contra el cambio climático son: la politización de este fenómeno (tiempos políticos y crisis económicas), lo que ha llevado a una ruptura entre la ciencia y la política pública de mediano y largo plazos.
“Otro de los desafíos es la economía de mercado donde se privilegian las ganancias de las empresas sobre el bienestar social y la protección de la naturaleza. Hay quienes interpretan el cambio climático como una de las externalidades de esta economía, entonces de lo que se trataría sería de internalizar el costo ambiental que implica el crecimiento económico”, acotó la investigadora.
Replantear las políticas públicas
A su vez, Alba Gabriela Cabriada Jarquin, profesora de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, destacó que uno de los problemas no considerado originalmente en las convenciones internacionales, pero que hoy en día genera polémica por su gravedad, es el de los migrantes ambientales.
En 2015 –recordó– Nueva Zelanda deportó al migrante Ioane Teitiota, quien solicitó asilo debido a que el cambio climático creó condiciones graves que hacen imposible la vida en su isla natal Kiribati. El afectado argumentó ante Derechos Humanos y la ONU que con esta acción se violó su derecho a la vida, por lo que en enero de 2020 el organismo internacional reconoció que los países no pueden deportar a las personas que enfrentan condiciones de vida adversas generadas por el fenómeno ambiental.
La también investigadora dijo: “este caso invita a la reflexión respecto a replantear las políticas públicas, porque sería muy sencillo pensar que Nueva Zelanda le diera la oportunidad de ser un ciudadano más; sin embargo, es necesario pensar en las políticas de adaptación tanto para los que llegan, como para los que reciben porque estamos frente a una condición de casos de xenofobia o racismo que nos remite, nuevamente, a los derechos humanos”.
En ese sentido, Cabriada Jarquin sugirió a los estados trabajar en el desarrollo de políticas públicas que consideren las problemáticas ambientales, lo que también llevaría a reflexionar sobre el papel del Estado y la construcción de los nacionalismos a nivel internacional en el siglo XXI, que tenga una cultura más solidaria y empática.
“Los problemas que enfrentan muchas islas del Pacífico no son privativos de ellas, hacen pensar en Reino Unido, que es una isla, e investigaciones recientes muestran que Gales ya enfrenta el incremento del nivel del mar, lo cual hace pensar en: ¿qué hubiera ocurrido si en el lugar de un ciudadano de Kiribati pidiera asilo a Nueva Zelanda un ciudadano británico?”, cuestionó la experta en Relaciones Internacionales.
Al hacer uso de la palabra, Luis Roberto Guanes García, académico de la FES Cuautitlán, detalló que las grandes empresas han enfrentado la presión social por su inacción o poca actividad para combatir el cambio climático, ya sea mediante acusaciones de prácticas laborales antiéticas, evaluaciones negativas de entes reguladores, manifestaciones de organizaciones no gubernamentales, además de una escasez repentina de recursos.
“Hubo fracasos en comunidad que dependían de un trabajo; exigencias de lo que comenzó a ser el cliente sustentable; inversionistas cada vez más interesados en la sustentabilidad y competidores que empezaron a modificar sus prácticas, como General Electric”, comentó.
El maestro en Administración con orientación en Organizaciones aseveró que varias empresas comenzaron a ubicar dónde están sus principales huellas de carbono en su cadena de valor, así como los desperdicios, con lo que visualizan oportunidades para cambiar. https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_899.html
Tips al momento
Ley impide al Senado citar a Maru
En redes sociales comenzó a difundirse un posicionamiento que cuestiona la facultad del Senado para citar a gobernadores o fiscales estatales en relación con operativos de seguridad encabezados por fuerzas federales.
El documento plantea que, al tratarse de acciones coordinadas con instancias como el Ejército y la Guardia Nacional, la responsabilidad recae en autoridades federales, por lo que los requerimientos de información deberían dirigirse a ese nivel de gobierno.
POSICIONAMIENTO EN CONTRA DE LA CITACIÓN DE UN GOBERNADOR O FISCAL ESTATAL POR OPERATIVOS FEDERALES COORDINADOS I. Fundamentación constitucional El artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos delimita las facultades exclusivas del Senado, entre las cuales no se encuentra la de citar o requerir comparecencia de autoridades estatales. Por su parte, el artículo 93 establece que las Cámaras del Congreso pueden convocar únicamente a Secretarios de Estado, directores de entidades paraestatales y titulares de órganos autónomos federales, para rendir informes o responder preguntas bajo protesta de decir verdad. En consecuencia, el control político del Congreso de la Unión se ejerce exclusivamente sobre autoridades federales, no sobre gobiernos estatales ni sus fiscales. II. Improcedencia de la citación en operativos coordinados Cuando los hechos que se pretenden esclarecer derivan de operativos coordinados con el Ejército y la Guardia Nacional, la conducción y responsabilidad son federales. Las fuerzas armadas y la Guardia Nacional dependen del Ejecutivo Federal, y su actuación se rige por la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y los convenios de coordinación previstos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El narcotráfico es un delito de competencia federal, tipificado en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal, y perseguido por la Fiscalía General de la República (FGR). Por tanto, los operativos en esta materia no son de competencia estatal, aunque puedan existir apoyos o coordinación local. Por tanto, cualquier requerimiento de información debe dirigirse a: Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Fiscalía General de la República (FGR) Comandancia de la Guardia Nacional Estas instituciones sí están sujetas al control político del Senado, conforme al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Protección del pacto federal Citar a un Gobernador o a un Fiscal estatal para responder por acciones federales invade la esfera competencial de las entidades federativas y vulnera el principio de soberanía local. El pacto federal exige respeto a las competencias diferenciadas: La Federación conduce la política de seguridad nacional. Los estados colaboran, pero no dirigen ni controlan las operaciones federales. IV. Argumento institucional La citación de autoridades estatales por hechos derivados de operativos federales carece de sustento constitucional y contraviene el pacto federal. El artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Congreso para requerir información únicamente a titulares de dependencias y entidades del gobierno federal. En consecuencia, cualquier comparecencia debe recaer en los mandos federales responsables del operativo, no en autoridades locales ajenas a la cadena de mando. V. Conclusión El Senado de la República debe ejercer su función de control político dentro del marco constitucional. En materia de seguridad y narcotráfico, los operativos coordinados con el Ejército y la Guardia Nacional son de naturaleza federal; por tanto, cualquier requerimiento de información debe dirigirse a las autoridades federales competentes. Citar a un Gobernador o Fiscal estatal sería improcedente y atentaría contra el equilibrio del pacto federal.
Reaparece esposa de Duarte en centro de detención migratoria en EU
El pasado 16 de abril, se diera a conocer que el ICE liberó a Bertha Gómez Fong, esposa de César Duarte, pero seguiría su proceso migratorio en libertad.
Hoy la esposa del ex gobernador, César Duarte aparece en Centro de Detención en El Paso, según lo confirma U.S. Immigration and Customs Enforcement
Bertha Gómez fue detenida en la residencia ubicada en El Paso, Texas el pasado 25 de marzo de 2026.
En Chihuahua no hubo como enlazar a Maru con la llamada de Sheinbaum
Con todo y la tecnología que existe, en Chihuahua no hubo manera de cómo enlazar la llamada de la presidenta Claudia Sheinbaum con la gobernadora Maru Campos.
Esto luego que la presidenta reveló que intentó comunicarse con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, tras el fallecimiento de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia en territorio mexicano; sin embargo, no obtuvo respuesta.
Supuestamente, en la llamada que hizo Sheinbaum le dijeron que no se encontraba Maru.
Esto pone a preguntar en nivel de tecnología, ¿a caso no pudieron enlazarla?
Maru sostendrá este jueves una reunión presencial con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Aventajan panistas con tapizado de espectaculares a Morena
Los adelantados panistas al 2027 han tapizado el Estado con miles de espectaculares promocionando su imagen a costa de supuestas entrevistas o acciones propias de sus cargos, con temas del agua, seguridad, entre otros.
Mientras que a los de Morena la presidenta Claudia Sheinbaum los paró en seco con la promoción anticipada y descarada, los panistas han aprovechado estas circunstancias para darse vuelo con la contratación de espectaculares.
Los panistas adelantados niegan que esos espectaculares sean pagados por ellos mismos, o que sean con cargo al dinero de los chihuahuenses, y como excusa las adjudican a terceros.
Los espectaculares de panistas que han saturado el Estado son de Bonilla, Santiago De la Peña, César Jáuregui, Olson, Alan Falomir, Gil Loya, Valenciano, entre otros.
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POSICIONAMIENTO EN CONTRA DE LA CITACIÓN DE UN GOBERNADOR O FISCAL ESTATAL POR OPERATIVOS FEDERALES COORDINADOS I. Fundamentación constitucional El artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos delimita las facultades exclusivas del Senado, entre las cuales no se encuentra la de citar o requerir comparecencia de autoridades estatales. Por su parte, el artículo 93 establece que las Cámaras del Congreso pueden convocar únicamente a Secretarios de Estado, directores de entidades paraestatales y titulares de órganos autónomos federales, para rendir informes o responder preguntas bajo protesta de decir verdad. En consecuencia, el control político del Congreso de la Unión se ejerce exclusivamente sobre autoridades federales, no sobre gobiernos estatales ni sus fiscales. II. Improcedencia de la citación en operativos coordinados Cuando los hechos que se pretenden esclarecer derivan de operativos coordinados con el Ejército y la Guardia Nacional, la conducción y responsabilidad son federales. Las fuerzas armadas y la Guardia Nacional dependen del Ejecutivo Federal, y su actuación se rige por la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y los convenios de coordinación previstos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El narcotráfico es un delito de competencia federal, tipificado en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal, y perseguido por la Fiscalía General de la República (FGR). Por tanto, los operativos en esta materia no son de competencia estatal, aunque puedan existir apoyos o coordinación local. Por tanto, cualquier requerimiento de información debe dirigirse a: Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Fiscalía General de la República (FGR) Comandancia de la Guardia Nacional Estas instituciones sí están sujetas al control político del Senado, conforme al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Protección del pacto federal Citar a un Gobernador o a un Fiscal estatal para responder por acciones federales invade la esfera competencial de las entidades federativas y vulnera el principio de soberanía local. El pacto federal exige respeto a las competencias diferenciadas: La Federación conduce la política de seguridad nacional. Los estados colaboran, pero no dirigen ni controlan las operaciones federales. IV. Argumento institucional La citación de autoridades estatales por hechos derivados de operativos federales carece de sustento constitucional y contraviene el pacto federal. El artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Congreso para requerir información únicamente a titulares de dependencias y entidades del gobierno federal. En consecuencia, cualquier comparecencia debe recaer en los mandos federales responsables del operativo, no en autoridades locales ajenas a la cadena de mando. V. Conclusión El Senado de la República debe ejercer su función de control político dentro del marco constitucional. En materia de seguridad y narcotráfico, los operativos coordinados con el Ejército y la Guardia Nacional son de naturaleza federal; por tanto, cualquier requerimiento de información debe dirigirse a las autoridades federales competentes. Citar a un Gobernador o Fiscal estatal sería improcedente y atentaría contra el equilibrio del pacto federal.
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