TBJJXfTLa Fiscalía de Distrito Zona Sur a través del Ministerio Público, obtuvo una sentencia condenatoria de ocho años de prisión, dictada en contra de la acusada Beatriz B. B., por el delito de homicidio calificado.TBJJXfT Omnia.com.mx
TBJJXfTAunado a la pena privativa de la libertad que purgará en un Cereso Femenil, fue condenada a pagar la cantidad de un millón 049 mil pesos por concepto de reparación del daño. TBJJXfT Omnia.com.mx
TBJJXfTLa carga probatoria expuesta por esta representación social, fue determinante para que la imputada solicitara la terminación anticipada de su proceso penal a través de un procedimiento especial abreviado en el que aceptó su responsabilidad por hechos ocurridos el día 19 de febrero del año en curso.TBJJXfT Omnia.com.mx
TBJJXfTDe acuerdo con los antecedentes de investigación, Beatriz B. B., hirió a Pascual B.F., con un cuchillo provocándole la muerte, cuando se encontraban en una tesgüinada, en la comunidad de la Cañada y discutieron por la posesión de un caballo.TBJJXfT Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.