Puebla.– Siete clínicas públicas podrán practicar la interrupción legal del embarazo de manera segura después de que organizaciones de la sociedad civil ganaron un amparo contra el Congreso del estado.
Las clínicas son parte del sistema de instituciones, junto con la Secretaría de Salud de Puebla, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como en clínicas que dan asistencia a trabajadores del estado y de la federación como el ISSSTEP e ISSSTE.
Según anunció Marisol Calva García, asesora del gobierno estatal y de la Secretaría de Gobernación local, también será posible, eventualmente, que las mujeres acudan a espacios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El aborto seguro en estas clínicas es resultado del amparo que consiguieron el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social A.C. (CAFIS) y Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), todas asociaciones civiles en Puebla.
Las siete unidades de Puebla donde se practicará la interrupción legal del embarazo son el Hospital de la Mujer de la Secretaría de Salud local, las clínicas y hospitales del ISSSTE en Tehuacán, Teziutlán y Huauchinango.
Por parte del IMSS están el Hospital General Zona 20 “La Margarita” y el Hospital General Zona 35 en Cuautlancingo. Finalmente, el Hospital de Especialidades del ISSSTEP.
El amparo se presentó contra el Congreso del Estado de Puebla debido a que desde 2007 han presentado diversas iniciativas para despenalizar la interrupción del embarazo.
No obstante, en las legislaturas elegidas para los periodos de 2018 al 2021 y de 2021 al 2024 se han presentado al menos seis iniciativas, pero a ninguna se le ha dado trámite legislativo.
Con información de Latinus
El Instituto Nacional Electoral (INE) sentó un precedente claro al anular los triunfos de 33 candidatos a magistrados de circuito por incumplir con el promedio mínimo de 8 en la licenciatura.
Esto ha generado eco en Chihuahua por el nombramiento de Gerardo Javier Acosta Barrera como magistrado en materia penal debido a su promedio universitario de 7.40 está por debajo del 8.0 mínimo requerido por la convocatoria.
También recuerdan que Rubén Aguilar, fue excluido precisamente por no alcanzar el promedio mínimo en su licenciatura, no entró en ninguna de las listas y con "chapuza" se coló brincando de secretario a titular de sala en menos de un día.
El INE, en su momento, defendió la constitucionalidad de este requisito, rechazando proyectos que buscaban avalar promedios de 7.9. Esta postura del INE subraya la importancia de la excelencia académica como un pilar fundamental para el desempeño de funciones de un magistrado.
Hasta los requisitos mínimos como son los promedios de escuela son objeto de trampa.
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Esto ha generado eco en Chihuahua por el nombramiento de Gerardo Javier Acosta Barrera como magistrado en materia penal debido a su promedio universitario de 7.40 está por debajo del 8.0 mínimo requerido por la convocatoria.
También recuerdan que Rubén Aguilar, fue excluido precisamente por no alcanzar el promedio mínimo en su licenciatura, no entró en ninguna de las listas y con "chapuza" se coló brincando de secretario a titular de sala en menos de un día.
El INE, en su momento, defendió la constitucionalidad de este requisito, rechazando proyectos que buscaban avalar promedios de 7.9. Esta postura del INE subraya la importancia de la excelencia académica como un pilar fundamental para el desempeño de funciones de un magistrado.
Hasta los requisitos mínimos como son los promedios de escuela son objeto de trampa.