Norma Piña presenta su primer informe como presidenta de la Suprema Corte: “El equilibrio democrático está en peligro”
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, rindió este jueves su primer informe de labores al frente del máximo tribunal en medio de una crítica al debilitamiento de la independencia judicial y deslegitimación de la labor de los jueces y ministros.
“Hoy la situación que se nos presenta en un futuro inmediato no sólo pone a prueba al Poder Judicial, sino a los propios cimientos de una sociedad basada en los equilibrios democráticos y en el respeto por la ley”, dijo.
Reafirmó que el Poder Judicial y los ministros le deben absoluta lealtad a la Constitución, por lo que no buscan aplausos, “nuestra guía es honrar y preservar la justicia e impartirla con absoluta lealtad a nuestra Constitución”, señaló.
A la presentación del informe acudieron la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta de la Cámara de Diputados, la priista Marcela Guerra.
Ante esa ausencia del titular del poder Ejecutivo federal, la ministra presidenta aseguró que ella “no es el Poder Judicial ni la Suprema Corte”, sino su representante. Agradeció a quienes desde diferentes sectores de la sociedad han defendido la independencia judicial.
También destacó entre los asuntos que resolvió la SCJN, las acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra del llamado plan B electoral del presidente López Obrador, en las que se declaró que Congreso incurrió en violaciones al proceso legislativo.
Y enumeró la declaración de invalidez de dos decretos emitidos por el presidente: el del traslado operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y el que señaló como temas de seguridad nacional las obras prioritarias que lleva a cabo el gobierno de López Obrador.
En temas de transparencia, reconoció que la Suprema Corte permitió que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pudiera sesionar con menos de cinco integrantes ante la omisión del Senado de nombrar a los nuevos comisionados.
La ministra Piña Hernández también destacó que durante su mandato se incorporaron científicos a las ponencias de los ministros para dar apoyo en temas de “alta complejidad técnica”, como la protección al medio ambiente.
Respecto al presupuesto, la ministra afirmó que el trabajo del Poder Judicial de la Federación seguirá adelante a pesar de que, desde 2018, los recursos que se le aprueban se han reducido en un 23% en términos reales. Aseguró que los fideicomisos judiciales lograron un 100% de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia que se reportan ante el INAI.
“La impartición de justicia es y será siempre independiente e imparcial”, dijo ante el aplauso de los asistentes, a excepción de la secretaria de Gobernación.
Con información de Latinus
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EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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