‘Caso Viuda Negra’: sentenciada a 125 años de prisión la esposa de Isaac Gamboa, el colaborador de Luis Videgaray asesinado

Que fue un “crimen pasional”. Que su esposa lo mandó matar porque ya estaba enamorada de otro hombre. No solo eso: además, quería quedarse con la fortuna. Por eso, también mandó matar a los hermanos y a la anciana madre. Ese fue, según la Fiscalía de Morelos, el móvil detrás del macabro asesinato, en 2020, de Isaac Gamboa Lozano, un cercano colaborador de Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda de Enrique Peña Nieto. Gamboa estaba involucrado en un enorme desvío de recursos que tocaba a las altas esferas del PRI y del Gobierno peñista, la Operación Safiro, pero eso, el trasfondo político y de corrupción, no fue una línea de investigación para la Fiscalía estatal. La viuda de Gamboa, Bethzabee Brito, ha sido sentenciada este viernes a 125 años de cárcel y al pago de una indemnización a los deudos de las víctimas de 6 millones de pesos, tras un atribulado proceso judicial que duró tres años y medio.

Hace casi exactamente un año, uno de los cuatro sicarios que participaron en el homicidio fue sentenciado a la misma pena que Brito. Ellos dos, la viuda y el pistolero, son los únicos detenidos por el “crimen pasional”. Este último, Jesús Manuel “N”, El Mongoy, es un exintegrante de la Marina. Los otros tres sicarios, entre ellos el supuesto amante de Brito, continúan prófugos.

Gamboa, sus tres hermanos y su madre de 60 años fueron asesinados el 21 de mayo de 2020 en un fraccionamiento lujoso de Temixco, Morelos. Eran los inicios de la pandemia de covid. Sucedió a media tarde, alrededor de las tres, mientras las víctimas celebraran en el jardín un convivio con el resto de su familia: parejas, amigos, hijos pequeños, personal del servicio. El grupo armado logró entrar a la colonia privada e ingresar a la casona sin forzar cerraduras. En tres minutos, con fría precisión, fueron matando uno por uno a los Gamboa. El primero fue Isaac. Luego siguieron sus parientes directos. Ahí estaba Bethzabee, que protegió a los dos hijos que tuvo con Gamboa. Terminado el trabajo, los sicarios se marcharon sin robar nada.

El exfuncionario asesinado, Isaac Gamboa Lozano.

La destreza que mostraron los pistoleros en el crimen —tres de ellos habían sido marinos— se esfumó al instante. Dejaron abandonado el auto en el que viajaban a pocos minutos del lugar de los hechos. Las puertas del auto estaban sin seguro. Dentro había documentos que los identificaban, además del reguero de huellas dactilares. También olvidaron un celular en el que había mensajes que contenían un número telefónico, perteneciente a una mujer que a la postre se volvió la testigo estrella de la Fiscalía estatal y que reveló el complot entre la viuda y su amante. Brito fue capturada a los pocos días en Ciudad de México y enviada al penal estatal de Atlacholoaya, en Morelos.

La Fiscalía de ese Estado inició la investigación por el homicidio múltiple y la bautizó como Caso Viuda Negra, dado del contenido “pasional” de la matanza y la premisa de que Brito fue la autora intelectual. Desde su detención, Brito siguió una atropellada estrategia legal que consistió en dilatar la llegada de la sentencia. La viuda de Gamboa cambiaba constantemente de abogados, que a su vez extraviaban el expediente, o no lo leían, o no lo llevaban a las audiencias, y pedían al juez más tiempo para conocer el caso. El juicio llegó, al final. La Fiscalía de Morelos pidió al juez imponer a los responsables una pena de 25 años de prisión por cada víctima, y el pago a los deudos de una indemnización. Brito nunca ha querido dar declaraciones públicas; tampoco su defensa. Según la Fiscalía, ella y su amante, que había sido escolta de Gamboa, pretendían huir a Europa con el botín tras el crimen.

El escandaloso asesinato de Gamboa no pasó inadvertido para el Gobierno federal. La Secretaría de Hacienda, en la Administración de Andrés Manuel López Obrador, inició una indagatoria propia sobre el exfuncionario asesinado y su entorno. La investigación mostró que Gamboa y su esposa Bethzabee habían amasado una inexplicable fortuna en el tiempo en que él había sido funcionario, y que utilizaron una red de empresas fachada para blanquear el dinero. A la par de la investigación de Morelos, la Hacienda federal presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República por el entramado de corrupción hallado a Gamboa y Brito.

Los investigadores sospechan que la fortuna de Gamboa provenía posiblemente del pago de sobornos por su papel en la Operación Safiro, un mecanismo de desvío de recursos públicos para financiar campañas electorales del PRI y que involucró a la Secretaría de Hacienda de Peña Nieto, a la dirigencia nacional del partido y a mandatarios priistas. El caso se destapó en Chihuahua, donde la Fiscalía local halló evidencias de que en 2016 el gobernador, César Duarte, había desviado 250 millones de pesos de recursos transferidos desde Hacienda. El funcionario que autorizó el envío de ese dinero desde la Federación a Chihuahua era, precisamente, Gamboa, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, tercer puesto de mando después del secretario, Videgaray. Investigaciones posteriores demostraron que el mismo esquema de corrupción se replicó en más Estados gobernados por el PRI, y que el monto del daño al erario fue, al menos, tres veces mayor.

La Fiscalía de Chihuahua, que descubrió la hebra de la Operación Safiro, reunió declaraciones de testigos protegidos que afirmaron que el desvío se había acordado entre el gobernador Duarte y la dirigencia nacional del PRI. Un exfuncionario duartista señaló directamente a Gamboa como parte de la trama corrupta. Sin embargo, solo un puñado de burócratas de menor nivel fue procesado. La Fiscalía estatal no tuvo oportunidad de seguir la línea de investigación hasta las altas esferas del Gobierno y del PRI, porque la Administración de Peña Nieto emprendió una agresiva estrategia judicial para arrebatar el expediente a Chihuahua y, una vez teniéndolo, darle carpetazo. La sentencia de este viernes en Morelos es otro enorme avance, en el sentido de la impunidad de la corrupción política.

Información de El País.