
La diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) propuso una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 66 y 67 de la Ley General de Protección Civil, en materia de prevención de desastres naturales, con el fin de que el gobierno cree un Fondo de Desastres Naturales.
La propuesta precisa que el Gobierno Federal creará el Fondo como un instrumento financiero dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, para apoyar a las entidades federativas y a las dependencias de la Administración Pública Federal, en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural.
Precisa que el fondo económico operará bajo los principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad, transparencia y necesidades de los diversos órdenes de gobierno, de conformidad con los parámetros y condiciones previstos en sus propias reglas de operación.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, puntualiza que el Fondo de Desastres Naturales será constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente.
Añade que la fiduciaria realizará todos los actos necesarios para su operación y el cumplimiento de su objetivo.
En su exposición de motivos, la legisladora explica que anteriormente el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) fue un instrumento del Sistema Nacional de Protección Civil, mediante el cual y a través de sus reglas de operación, apoyaba a las entidades federativas de la República Mexicana, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en la atención y recuperación de los efectos de un fenómeno natural.
Sin embargo, apunta, el Gobierno Federal decidió desaparecerlo en 2020 por una supuesta opacidad y corrupción que jamás se probó.
El problema, subraya, es que este Fondo nunca se sustituyó con ninguna otra figura que cumpliera con sus objetivos, ni se cuenta con recursos suficientes que permitan a la Federación atender casos de urgencia por desastres naturales.

Según el Índice de Conflictos y Violencia Política elaborado por ACLED, coloca a México como el cuarto país más peligroso del mundo.
Por otro año, México conserva el cuarto lugar en el ranking, lo que indica que los niveles de violencia y conflicto político se mantienen sin mejoría significativa respecto al periodo anterior.
Ranking de Peligrosidad (2025): Palestina, Birmania, Siria, México, Nigeria, Ecuador, Brasil, Haití, Sudán y Pakistán.
El reporte del Índice de Conflictos y Violencia Política, destaca en México los niveles de riesgo asociados principalmente a el Crimen Organizado y Carteles, ataques a figuras políticas, periodistas, defensores de derechos humanos y la población civil; además que los enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y los grupos criminales contribuyen a la inestabilidad general.

Trascendió que la senadora de Morena, Andrea Chávez, contó con al menos diez asesores en la Cámara Alta durante los últimos dos años, dos de ellos reportaron como labor atender dos casas de enlace en Chihuahua, una de sus asesoras hizo un curso como estilista, una más encargada de proveedores, a pesar de tener experiencia en medicina veterinaria.
En 14 meses Andrea Chávez solo registró cinco iniciativas como única promovente, sólo aprobada la que se declara el 1 de diciembre de cada año como el Día Nacional de las y los alfareros.
Comparativo:
Andrea Chávez 10 asesores, 5 iniciativas propias y 1 aprobada
Julieta Ramírez 6 asesores, 31 iniciativas propias, 0 aprobadas
Reina Celeste Asencio con 11 asesores, 52 iniciativas propias y sin datos de aprobación
Andrea Chávez, en su informe presumió haber presentado ocho puntos de acuerdo, uno de ellos para exigir al gobierno de Maru Campos suscriba el convenio de colaboración del IMSSBienestar.
Se centró en dar a conocer en sus redes sociales la entrega de apoyos como lentes, sillas de ruedas, material de construcción, sin un informe detallado sobre el gasto de esta promoción.
La senadora ha presumido contar con cuatro casas de enlace en Chihuahua, aunque el Senado solo tiene registradas dos. No se ha aclarado quién cubre los gastos de operación o renta de estas oficinas.

Según el Índice de Conflictos y Violencia Política elaborado por ACLED, coloca a México como el cuarto país más peligroso del mundo.
Por otro año, México conserva el cuarto lugar en el ranking, lo que indica que los niveles de violencia y conflicto político se mantienen sin mejoría significativa respecto al periodo anterior.
Ranking de Peligrosidad (2025): Palestina, Birmania, Siria, México, Nigeria, Ecuador, Brasil, Haití, Sudán y Pakistán.
El reporte del Índice de Conflictos y Violencia Política, destaca en México los niveles de riesgo asociados principalmente a el Crimen Organizado y Carteles, ataques a figuras políticas, periodistas, defensores de derechos humanos y la población civil; además que los enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y los grupos criminales contribuyen a la inestabilidad general.

Trascendió que la senadora de Morena, Andrea Chávez, contó con al menos diez asesores en la Cámara Alta durante los últimos dos años, dos de ellos reportaron como labor atender dos casas de enlace en Chihuahua, una de sus asesoras hizo un curso como estilista, una más encargada de proveedores, a pesar de tener experiencia en medicina veterinaria.
En 14 meses Andrea Chávez solo registró cinco iniciativas como única promovente, sólo aprobada la que se declara el 1 de diciembre de cada año como el Día Nacional de las y los alfareros.
Comparativo:
Andrea Chávez 10 asesores, 5 iniciativas propias y 1 aprobada
Julieta Ramírez 6 asesores, 31 iniciativas propias, 0 aprobadas
Reina Celeste Asencio con 11 asesores, 52 iniciativas propias y sin datos de aprobación
Andrea Chávez, en su informe presumió haber presentado ocho puntos de acuerdo, uno de ellos para exigir al gobierno de Maru Campos suscriba el convenio de colaboración del IMSSBienestar.
Se centró en dar a conocer en sus redes sociales la entrega de apoyos como lentes, sillas de ruedas, material de construcción, sin un informe detallado sobre el gasto de esta promoción.
La senadora ha presumido contar con cuatro casas de enlace en Chihuahua, aunque el Senado solo tiene registradas dos. No se ha aclarado quién cubre los gastos de operación o renta de estas oficinas.
