Guadalupe Taddei afirma que el INE estará preparado para la elección de jueces, magistrados y ministros
Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró este miércoles que estarán preparados para organizar las elecciones de jueces, magistrados y ministros luego de que la reforma judicial obtuviera la mayoría calificada en ambas Cámaras y se apruebe por 17 Congresos locales.
"Deberemos de estar listos, es un mandato constitucional (cuando se promulgue) y el INE no puede decir: 'No estoy listo'; Debes de buscar como estar listo, porque es un mandato constitucional, porque es un mandato para su implementación", aseguró la consejera en entrevista con medios.
Aseguró que al finalizar el trámite de la modificación federal, el INE tendrá que sesionar de acuerdo con el calendario que integra la reforma judicial que fue aprobada ayer por el Senado.
"Viene ahí un tiempo determinado, una vez aprobada (la reforma), el instituto tendrá en la siguiente semana que iniciar el proceso electoral, también vienen otros tiempos definidos como tiempos para emitir la convocatoria por parte del Senado, tiempos para presentarlos, eso incluye los tiempos que tendrán los tres poderes para hacer sus propuestas y el tiempo en que se deben de entregar para que el instituto pueda ir avanzando", explicó Taddei.
Sobre la cantidad de casillas que se tendrán que instalar en el país para que la ciudadanía elija de forma escalonada los mil 600 jueces, magistrados y ministros, cuyo proceso iniciará en 2025 y deberá de concluir en las elecciones federales de 2027, la consejera presidenta comentó que el Consejo General deberá analizar ese panorama, pero hasta que ya se promulgue la reforma al Poder Judicial.
Agregó que de momento el INE está en el proceso para presentar el presupuesto del próximo año en el que "seguramente habremos de incluir eso (las elecciones de juzgadores)".
Cabe recordar que en julio de este año, en uno de los foros sobre la reforma judicial, el morenista Ricardo Monreal aseguró que la organización de las elecciones de jueces y magistrados que realizará el INE podría tener un costo aproximado de 3 mil a 3 mil 500 millones de pesos.
El legislador explicó que esa cantidad puede cubrirse con parte de los 23 mil millones de pesos que tenía el Poder Judicial en fideicomisos, que van a ser entregados a la Tesorería de la Federación.
Con información de Latinus
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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