Han sido noventa años de indolencia de nuestro Sistema Judicial

La estructura y organización del Poder Judicial, y en particular su método para elegir ministros, magistrados y jueces, nunca han cambiado sustancialmente.

El diseño inicial del Poder Judicial tuvo un origen perverso y antidemocrático, con la intención de consolidar un régimen judicial al servicio de las elites con la constante de siempre estar alejados del pueblo. Qué poca memoria tienen los senadores del PAN. 

Por eso es sano recordar que fue gemela de otra reforma constitucional infame, elaborada para facilitar la reelección de Álvaro Obregón; y que Luis Cabrera, Manuel Gómez Morín, Vito Alessio Robles y José Vasconcelos, ideólogos del PAN, se opusieron con ardor a sendas reformas; fue una reforma para que en la de ministros, magistrados y jueces sólo se escuchara la voz de los hombres del poder; así se construyeron instituciones depredadoras.

Los funcionarios designados, leales a su origen, no alzaron la voz cuando los partidos ancestros del PRI, y el propio PRI, levantaron piedra sobre piedra un sistema político hegemónico y autoritario al que Mario Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta. 
Ya en el plano de la política/política da pena recordar la indolencia de los señores ministros, magistrados y jueces que nunca hicieron lo necesario para castigar a los responsables de la tragedia de Tlatelolco, o la del 10 de junio; o para juzgar a los perpetradores de la Guerra Sucia.

Así es mi querido lector, durante 36 años los gobiernos neoliberales, con el beneplácito de las agencias internacionales, levantaron y mantuvieron un sistema económico al que Vivian Forrester llamó en un texto esencial “El horror económico”. 
Para forjarlo, cuatro gobiernos del PRI y dos del PAN, diseñaron cientos de medidas de política económica contrarias al contenido de nuestra Carta Magna y jamás escuchamos una voz disonante de la magistratura judicial.

Habría de preguntarles a nuestros venerables togados, en qué tramo de la jerarquía judicial se encontraban cuando esos gobiernos instruyeron al Banco de México, a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, o a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que impusieran las medidas necesarias para rebajar la capacidad adquisitiva del salario mínimo a la cuarta parte del nivel alcanzado en diciembre de 1981.

Pero más allá de esto, conocida la pobreza que la precariedad salarial, administrada desde las esferas más altas del poder gubernamental y empresarial, provocaba entre millones de mexicanos, ¿cuántas suspensiones provisionales o definitivas dictaron para contener esta barbarie material, que postró durante cuatro décadas a las familias mexicanas? 
¿Por qué jueces, magistrados o ministros no se manifestaron en contra de la estructuración de este sistema de remuneraciones y prestaciones sociales que, causando grados inhumanos de miseria, fue la causa esencial de la demolición de los diques y frenos, que con muchas dificultades las familias habían levantado para proteger a sus hijos de la delincuencia y violencia que la implantación de un sistema neoliberal en estado salvaje trajo consigo?
¿Cuántas acciones promovió la ministra Piña para proteger los derechos laborales de quienes estuvieron bajo un asedio sin frenos por cuenta de organismos empresariales y la tecnocracia instalada, justamente en muchos de los organismos autónomos?
¿Qué valor tienen los méritos académicos, la experiencia, conocimientos, habilidades, honestidad y honradez de funcionarios y aspirantes, cuyos deseos de promoción se topan ante un sistema judicial que ha hecho del parentesco la mejor vía para el ascenso profesional? Hablamos de unas 6 mil 755 redes familiares y del 57 por ciento de los funcionarios con cargos relevantes que tienen parientes que trabajan en la Judicatura. Hasta 26 parientes hemos encontrado a un funcionario.
Han pasado 90 años de indolencia; y la Reforma Judicial llegó porque el pueblo así lo quiso.