
Durante una audiencia de imputación, la FGR a través de su Fiscal de Asuntos Relevantes, Manuel Granados Quiroz, acusó a César Duarte Jáquez, de soborno con 10 millones de pesos, para quedar en libertad provisional, mientras que el ex gobernador se lanzó en contra del hoy senador de Morena, Javier Corral, sobre supuestos vínculos con el narcotráfico.
El Fiscal Manuel Granados argumentó supuesta relación de “afinidad y cercanía” con funcionarios estatales y la presunta entrega de dinero para facilitar la libertad provisional de Duarte en junio de 2024, otorgada por la justicia estatal. El mismo representante de la FGR acusó de red de cómplices en Chihuahua, incluida la Gobernadora como un riesgo de sustracción a la acción de la justicia.
Según trascendió, en la exposición de Granados Quiroz, un presunto ejemplo de esta red a favor del justiciable fue haber sobornado con10 millones de pesos, para buscar libertad provisional.
La FGR señaló a la gobernadora de haber sido vinculada a proceso en 2020 por el delito de cohecho, de la llamada "nómina secreta" que Duarte desvió, aunque dicha vinculación fue revocada en septiembre de 2021.
Se cuestionó la liberación expedita de Duarte, que la Fiscalía de Chihuahua no se opuso a la solicitud de libertad provisional de Duarte y que la Juez de control Hortensia García Rodríguez fue "premiada" con el nombramiento de Magistrada tras conceder la libertad provisional a Duarte en junio de 2024.
La FGR criticó que el proceso penal contra Duarte en Chihuahua no ha avanzado a la etapa intermedia después de más de tres años debido a esta supuesta complicidad.
La Juez federal María Jazmín Ambriz López calificó el señalamiento del soborno como subjetivo y no lo tomó en cuenta para su decisión, sin embargo, la Juez Ambriz López finalmente le impuso a César Duarte la prisión preventiva en el penal del Altiplano.

El personal de Comunicación Social de las dependencias del Gobierno del Estado debería mostrar mayor criterio y tacto al momento de enviar las imágenes que acompañan sus boletines informativos, pues estas son, en muchos casos, la cara pública del mensaje que se pretende transmitir, sin embargo, pareciera que, en lugar de proyectar profesionalismo, terminan dejando mal paradas a las propias personas que aparecen en ellas…
En esta ocasión, el caso corresponde a una fotografía difundida por la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), en el marco de una campaña para dar a conocer los paquetes de construcción que se ofrecen para la mejora de viviendas, no obstante, tal como se ha señalado, una imagen destacó entre todas las enviadas… y no precisamente por razones positivas…
Basta con observar la fotografía para entender el problema; no hace falta describirla. Aunque la intención del área pudo haber sido buena, el resultado terminó por opacar el mensaje principal. Este tipo de descuidos evidencian la falta de filtros y sensibilidad en la selección del material que se hace público…
Cabe reiterar que las áreas de Comunicación Social deben extremar el cuidado en las imágenes que difunden, ya que, además del impacto político y social, un error de este tipo puede derivar en problemas legales por el uso indebido o no autorizado de la imagen de las personas, situación que ya ha ocurrido en otras ocasiones…

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