Organizaciones cuestionan legalidad de proyecto ferroviario en Sonora
El Centro para la Diversidad Biológica y Defensa Ambiental del Noroeste, con sedes en Estados Unidos y México respectivamente, presentaron el martes 2 de octubre una petición formal ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA). El motivo de la petición es denunciar una serie de omisiones por parte del gobierno mexicano en la aplicación de la legislación ambiental relacionada con la construcción de un proyecto ferroviario en el estado de Sonora.
El proyecto, que conectará los municipios de Ímuris, Santa Cruz y Nogales, no habría sido sometido a la evaluación de impacto ambiental (EIA) requerida por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Las organizaciones señalan que la obra comenzó sin contar con la debida autorización ambiental, lo que constituye una violación del marco legal que regula este tipo de infraestructuras en México.
Acusaciones de falta de transparencia
En la petición SEM-24-003, las organizaciones acusan al gobierno de mantener la información sobre los impactos ambientales del proyecto bajo un velo de confidencialidad. Afirman que no solo no se realizó la EIA antes del inicio de las obras, sino que las autoridades involucradas trataron la información relacionada con el proyecto de manera reservada, ocultando los potenciales daños al medio ambiente.
Uno de los puntos más críticos de la denuncia es que el proyecto ferroviario atraviesa una área natural protegida, conocida como el Rancho El Aribabi, un importante corredor biológico que alberga especies en peligro de extinción como el jaguar, el ocelote y el oso negro, así como especies endémicas como la tortuga pecho quebrado sonorense. La construcción de la línea férrea, advierten los peticionarios, podría causar la fragmentación de hábitats en esta zona biodiversa y perjudicar gravemente la conservación de estas especies.
Autorizaciones no reconocidas
Los peticionarios aseguran que las autoridades del estado de Sonora solicitaron una "autorización provisional" para el proyecto, una figura que, según indican, no existe dentro del marco legal ambiental mexicano. Esta situación, señalan, añade opacidad a un proceso que ya ha sido señalado por su falta de transparencia.
Las organizaciones, tanto mexicanas como estadounidenses, han basado su denuncia en una serie de documentos obtenidos a través de solicitudes de información pública, fotografías y videos que evidencian la falta de cumplimiento de los requisitos ambientales por parte del gobierno federal y estatal.
Lo que sigue para la petición
El Secretariado de la CCA cuenta ahora con un plazo de 30 días para revisar la petición y determinar si esta cumple con los requisitos establecidos en los artículos 24.27(1), (2) y (3) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Si se admite la petición, podría desencadenar una serie de revisiones más amplias que pongan en tela de juicio la legalidad del proyecto ferroviario.
Este caso ha generado preocupación entre grupos ambientalistas, no solo por el impacto directo que podría tener en el ecosistema, sino también porque podría sentar un peligroso precedente de incumplimiento de la ley ambiental en proyectos de infraestructura a gran escala en México.
Con la construcción en marcha, el futuro de las especies afectadas y de la región dependerá en gran medida de las decisiones que tome la CCA en las próximas semanas.
Con información de Crónica.
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El acuerdo fue signado por el vicepresidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA) Luis Abelardo Valenzuela Holguín, junto con el segundo del embajador de Estados Unidos en México.
Con esta firma, las instituciones refrendan su compromiso de impulsar una procuración de justicia más eficaz, transparente y coordinada en todo el país.
Convierte el IEE al "morenista" Óscar Avitia en el presidente del Congreso
El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, mediante comunicado señala que Óscar Avitia es el presidente de la LXVII Legislatura y no Guillermo Ramírez como lo establece el Decreto No. LXVIII/ELECT/0001/2025 I P.O.
En el comunicado del IEE de este jueves bajo el título "Mediante insaculación, seleccionan a niñas y niños que integrarán órganos públicos infantiles 2026", se señala que el morenista Avitia Arellanes es el presidente de la legislatura.
"El evento contó con la presencia del consejero electoral Víctor Yuri Zapata Leos y el consejero electoral Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz, en representación del IEE Chihuahua; el Dr. Lorenzo Arturo Praga Amado, Subsecretario de Educación Básica, en representación de la Secretaría de Educación y Deporte; el diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes, presidente de la Sexagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado; la magistrada Jazmín Yadira Alanís Reza, del Poder Judicial del Estado; Arturo Muñoz Aguirre, secretario ejecutivo del IEE Chihuahua; la Dra. Carmen Julia Aguirre Santana, de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua; y la Lic. Lorenza Botello Montañez, coordinadora territorial del CONAFE en la entidad".
Simón Levy señala a gobernadora de Baja California en presunta investigación
Simón Levy afirmó a través de sus redes sociales que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, estaría formalmente mencionada en una investigación relacionada con una acusación contra René Arzate, alias “La Rana”.
En su mensaje, también señaló que esta situación habría derivado en la cancelación de su visa y aseguró que próximamente se daría a conocer información oficial. Hasta ahora, no hay un pronunciamiento oficial al respecto.
Se prestan comentarios de funcionario contra senadora a la "raja política"
Con motivo de los comentarios que hizo el subdirector administrativo de la DSPM, Luís Terrazas Fraga en contra de la Senadora, Andrea Chávez, no pudo quedar atrás el tratar de sacar raja política de este tema.
Aun cuando los condenables comentarios de un funcionario administrativo de la Policía Municipal, siguen su cauce en los órganos correspondientes, incluida la suspensión de Luís Terrazas, este asunto ha sido utilizado ya con fines políticos, al grado de llamarle "ley Andrea" a una propuesta de reforma.
Hay que recordar que ya hay otras leyes con nombres de otras mujeres víctimas de la misoginia y violencia de género.
La diputada federal del PT, Greycy Marian Durán, anunció que presentó la llamada “Ley Andrea”; que es una reforma para castigar la violencia digital y comentarios misóginos de funcionarios, con sanción de destitución inmediata
La diputada petista expresó su solidaridad con la senadora Andrea Chávez. “Andrea, no estás sola; tu embarazo es una noticia de vida y de esperanza y nadie tiene el derecho de empañarlo con bajezas. Esta lucha es por ti, pero también es por la dignidad de cada chihuahuense que ha sido objeto de burlas similares en el entorno laboral o digital”.
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