Sheinbaum promulga la supremacía legislativa; concluye proceso a contrarreloj impulsado por Morena y aliados
La noche de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum promulgó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional que blinda las adiciones o modificaciones a la Constitución mexicana contra impugnaciones legales.
La medida, respaldada por la mayoría legislativa de Morena y sus aliados, concluye un proceso a contrarreloj en el que la reforma fue aprobada por el Congreso de la Unión; apenas ayer se avaló en la Cámara de Diputados y, en menos de un día, alcanzó en las legislaturas estatales la mayoría de 17 votos necesaria para su declaratoria constitucional.
Tras esto, la Cámara Baja sesionó a las 5:00 de la tarde de este día para hacer la declaratoria, y poco después, la colegisladora, el Senado de la República, hizo lo propio, a lo que siguió un acalorado debate entre el oficialismo y la facción del PRI, única bancada de la oposición que se presentó al trámite legislativo.
La reforma entra en vigor un día después de su publicación, y se aplicará a todos los asuntos en curso, los cuales deberán resolverse bajo las nuevas disposiciones.
La reforma modifica el primer párrafo de la fracción II del artículo 107 y añade un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución, estableciendo que las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad no podrán cuestionar las reformas o adiciones a la Carta Magna. Así, cualquier modificación realizada a la Constitución quedará blindada contra recursos legales que busquen revertirla o invalidarla.
El decreto especifica que "son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución". Esto implica que las impugnaciones judiciales, como el juicio de amparo, no procederán para cuestionar estas reformas, limitando así el margen de acción de aquellos que busquen detener cambios impulsados desde el Poder Legislativo.
Con información de Latinus
Tips al momento
Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
Tips al momento
Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
Notas recientes
Las más leídas
