La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) reporta que la noche del 31 de octubre, donde personas salen a pedir dulces, transcurrió con tranquilidad y orden en la ciudad sin incidentes mayores.
El reporte policial, indicó que únicamente se detuvieron 10 jóvenes, una de ellas de 18 años y el resto menores de edad, que fueron detectados presuntamente lanzando huevos a los automovilistas que circulaban por las calles Nueva España y 76 de la colonia Cerro Grande, así como en la calle Hacienda Bonita del fraccionamiento Monteverde.
Igualmente, durante la intervención policial se atendió el reporte de vecinos de Lomas del Santuario ante la acumulación de personas que se encontraban al exterior de la supuesta “casa embrujada” ubicada en las calles Presa La Boquilla y Presa Las Vírgenes en el fraccionamiento Lomas del Santuario, donde se presentó también personal de Gobernación para levantar el acta respectiva ante el supuesto cobro sin permiso para permitir el acceso a ciudadanos.
En un establecimiento comercial de las calles Ojinaga y 14 se atendió un reporte, en donde se localizó a un niño de 7 años extraviado, quien se separó de su madre al estar pidiendo dulces, y a quien por su seguridad se le trasladó a la Unidad de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, de la DSPM, en tanto se localiza a algún familiar.
Las sanciones a los adolescentes presentados en el área de Justicia Cívica, serán determinadas por un juez, tal y como lo marca el reglamento.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.