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En operativo conjunto, policías municipales y AEI capturan a cinco con arma 9 mm y 21 bolsas de aparente droga

Chihuahua, Chih. A 5 de noviembre de 2024.- Mediante un operativo conjunto realizado la tarde de este martes en la colonia Praderas del Sur, agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Fiscalía General del Estado, detuvieron a cinco personas en posesión de un arma de fuego calibre 9 mm y 21 envoltorios plásticos de diferentes sustancias.

Los detenidos fueron tres hombres y dos mujeres, identificados con los nombres de Ismael S. R., de 22 años de edad; Adrián David R. D., de 28; Alejandro C. M. de 33 años; Diana Laura B. N., de 22 años  y Jaqueline S. R. de 20.

En su poder, policías municipales de grupos especiales  y de la Agencia Estatal de Investigación, les encontraron un arma de fuego calibre 9 milímetros de la marca Smith & Wesson, un cargador metálico de color negro abastecido con 13 cartuchos útiles.

Los probables responsables tenían también 16 envoltorios de plástico transparente con una sustancia cristalina y granulosa con las características propias del cristal  y cinco bolsas más del mismo material, con una hierba verde, seca y olorosa con las características propias de la marihuana, que fueron aseguradas junto con la pistola.

La detención en flagrancia por los probables delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, se dio en el cruce de las calles praderas del Congo y Praderas de Patagónicas de la colonia Praderas del Sur. Los detenidos fueron trasladados en un operativo especial al Centro Municipal de Detención y posteriormente a la Fiscalía General del Estado.

El presente documento es meramente informativo y será, en su momento, la autoridad correspondiente quien finalmente determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.

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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y  expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.

Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones. 

Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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